Con la audiencia pública sobre el precio del gas convocada para el 8 de enero, el Gobierno buscará iniciar el desarme de una de las “bombas” que le dejó la gestión de Alberto Fernández: tarifas notoriamente atrasadas respecto de la inflación y gigantescos subsidios fiscales a la energía (electricidad y gas domiciliario) y al transporte de pasajeros.