Belén Aliciardi, Coordinadora de la Maestría en Política de Derecho y Gestión Ambiental de la Universidad Austral y consultora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fue entrevistada por Télam ante la próxima presentación de la actualización del Manual de Compras Públicas Sostenibles, y destacó que en muchos aspectos en la materia la Argentina es «pionera en América Latina» en cuanto a su legislación, pero advirtió que la capacitación estatal es insuficiente si no se la complementa con una concientización similar entre las empresas y la sociedad en general.
La incorporación de criterios de sustentabilidad en las compras públicas nacionales, provinciales y municipales requiere no sólo de la capacitación de los funcionarios encargados de esas operaciones sino principalmente de los proveedores, ya que si no se actualizan «no solamente no van a poder vender en el mercado local» sino que «tampoco a la Unión Europea», por las exigencias que imponen sus países para la importación de bienes y servicios.
La advertencia fue formulada por Bélen Aliciardi, quien advirtió que en tanto no se le preste la debida atención a la situación, la condición de sostenibilidad en el comercio exterior «se va a terminar transformando en una barrera para-arancelaria».
¿Qué medidas se están tomando en materia de CPS?
Estamos actualizando el Manual de Compras Públicas y a fines de junio vamos a presentarlo, tanto en módulo general como el complementario – del que estoy a cargo- que es el de CPS. Fue elaborado en 2017 y desde entonces, pandemia de por medio, hay varias cuestiones que se pueden mejorar. La Argentina desde esa fecha a la actualidad confeccionó 11 fichas de recomendación con criterios de sostenibilidad en bienes y servicios.
Se va a hacer una reunión de validación con diferentes jurisdicciones como la Oficina Anticorrupción, SIGEN y el Ministerio de Ambiente. A su vez, se van a invitar a las cámaras, porque son dos caras de una misma moneda, ya que el Estado compra algo que venden proveedores. También se va a invitar a las ONGs y a la población civil para que hagan sus aportes y validen el contenido.
¿Qué importancia tiene la adopción de criterios de sustentabilidad en las compras públicas?
En un país federal como el nuestro se hacen compras públicas a través de la Nación, las provincias y los municipios. Hablamos de compras sostenibles cuando al momento de evaluar las ofertas no pensamos solamente en el precio, sino que incorporamos a ese análisis la variable ambiental y la social. Eso significa, por ejemplo, si el proveedor midió la huella de carbono o las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para cumplir con los compromisos que tiene el país, o si el proveedor tiene un sistema de reducción de consumo de agua, lo que se denomina «huella hídrica», otro de los recursos naturales que tenemos que resguardar.
Incorporar el criterio social significa pensar si los proveedores tienen perspectiva de género, si incluyen en su circuito productivo a mujeres, personas con discapacidad o adultos mayores o si se pone acento en la mano de obra local para fomentar las economías regionales. Eso es hacer compras públicas sostenibles.
La compra pública estatal representa el 16,3% del PBI. Es un gran porcentaje para aprovechar que el Estado haga un «2 x 1» y cumpla con el objeto que tiene de comprar bienes y servicios para realizar obra pública, pero con el agregado de cumplir otros objetivos de políticas públicas nacionales. De hecho, la Argentina acompañó y cumple con los compromisos de la Agenda 2030 de la ONU, que salieron con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el 2015. Tenemos hasta el 2030 como país para cumplirlos. Dentro del objetivo 12, que es «Producción y consumo responsables», está la meta 12.7, «Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y prioridades nacionales».
Si hablo de «dos caras de una moneda», ¿Qué papel le cabe a los proveedores del Estado?
La Unión Europea empieza a exigir a los proveedores del Estado huella de carbono, huella hídrica. El 50% de las compras de los países de la UE tienen criterios ambientales y sociales. El Estado consume de manera responsable, pero por el otro los proveedores deben vender de manera responsable.
Tenemos que preparar y multiplicar los proveedores que tenemos en la Argentina. Si no, no solamente no van a poder vender en el mercado local, tampoco a la Unión Europea. Se va a terminar transformando en una barrera para-arancelaria, en un momento en el que necesitamos ingresos de divisas. Organismos internacionales como el BID, CAF, Fonplata, el Banco Mundial, aplican sus propias normativas, que incluyen criterios ambientales y sociales.
Por eso es importante que hay un mensaje único para los proveedores: que cuando hacen obras con fondos nacionales, las hagan criterios sostenibles, pero también cuando hagamos obras que cuentan con financiamiento internacional.
Y al respecto, ¿en qué situación están los proveedores?
Hemos hecho una encuesta en base a MAPS (sigla en inglés de Metodología para la Evaluación de los Sistemas de Contratación Pública) y vimos que más del 50% de los funcionarios públicos están capacitados en CPS, pero lamentablemente eso no pasa con los proveedores. Muchos no se reconvierten por falta de capacitación. Sería interesante, por ejemplo, hacer alianzas con UAPE (Unión Argentina de Proveedores del Estado) para hacer capacitaciones conjuntas. Necesitamos que haya compradores públicos nacionales, provinciales y municipales capacitados, pero también proveedores capacitados en cada jurisdicción.
«Las compras sostenibles son urgentes e importantes», enfatizó Aliciardi
La falta de un análisis a largo plazo en la mayoría de los países de América Latina constituye uno de los principales escollos para el desarrollo de los sistemas de Compras Públicas Sostenibles (CPS), aunque en ese marco la Argentina es «pionera» en la región, al contar con legislación específica que, con modificaciones, tienen vigencia desde 2012.
Así lo señaló a Télam Belén Aliciardi, encargada de CPS en la Oficina Nacional de Contrataciones de la Jefatura de Gabinete, quien a su vez advirtió sobre la falencia de no contarse aún con un sistema estadístico que permita establecer indicadores de gestión y de impacto.
Ante las urgencias financieras y fiscales, ¿Qué decisión debe tomar el Estado entre adquirir un bien o servicio sustentable más caro que otro similar que no es sustentable?
A veces lo urgente no nos deja tiempo para lo importante, pero las compras sostenibles son urgentes e importantes. En la Argentina, con nuestro presupuesto analizamos el precio a corto plazo y no a mediano y largo plazo. Un análisis a mediano y largo plazo permitiría comprobar que estaríamos ahorrando dinero.
Para hacer una política efectiva necesitamos indicadores y esa es la gran deuda de América Latina. No tenemos indicadores ni de gestión ni de impacto. ¿Sabemos cuánto nos ahorramos en recursos naturales si le compramos a este proveedor y no a aquel? De todos modos, quiero destacar una iniciativa: la Sigen (Sindicatura General de la Nación) junto con la Auditoría Interna del Ministerio de Ambiente, en el 2020 diseñaron un Índice de Seguimiento y Sostenibilidad (Issos) y uno de los ejes considerados es el de las CPS. En base a eso le ponen bandera roja, amarilla o verde a cada organismo del Estado y hacen recomendaciones para mejorar la implementación de compras sostenibles.
Este año se dictó el decreto 31/2023, que sostiene que las compras sostenibles son uno de los puntos estratégicos. En ese marco, el Ministerio de Ambiente dictó una resolución estableciendo indicadores de corto y largo plazo y la ONC contribuyó en su elaboración. Dentro de los puntos está la capacitación de empleados públicos y proveedores.
Asimismo, hay un montón de herramientas con las que cuenta el sistema de compras nacional para ahorrar dinero con CPS. Por ejemplo, los acuerdos marco, que es cuando la ONC compra para toda la administración pública y se consiguen bienes más sostenibles e incluso más baratos que los no sostenibles por comprar en mayor proporción. Lo mismo pasa cuando recurrimos a lo que se llama compra consolidada, cuando varios ministerios se unen para comprar algo, logramos reducciones en los costos. La Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (Ramcc) utiliza esa metodología para comprar bienes más sostenibles a un precio inferior. Muchas provincias ya tienen desarrolladas en sus propias jurisdicciones acuerdos marco y compras consolidadas e incorporaron en su legislación criterios ambientales y sociales.
¿En qué situación está la Argentina respecto de otros países?
Argentina ha sido pionera con la sanción en 2012 del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional (decreto 893), que impuso un capítulo sobre compra pública sostenible. Lamentablemente, con el decreto 1030 de 2016, fue modificado y se eliminó ese capítulo, aunque quedaron artículos relacionados.
El Mercosur tiene normativa en la que le pide a los países que trabajen en compras sostenibles. Brasil tiene una fuerte política en ese aspecto, en especial con las pymes y sus proveedores sí o sí tiene que cumplir con esas variables.
En general, América Latina viene trabajando más en criterios sociales que ambientales, a la inversa de la Unión Europea. La OEA tiene un grupo de trabajo sobre compras sostenibles en el Marco de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG). Me tocó de manera personal realizar un trabajo con diferentes referentes de compras públicas sostenibles de toda América Latina y en diciembre de 2021 vio la luz la directiva modelo de compras públicas sostenibles para la región, en la que hemos recogido los aciertos y los fracasos. Cualquier país que no tenga una normativa en la materia la puede adaptar y llevarla a su normativa interna.
¿No hay una evaluación, aunque sea aproximada, del ahorro que implicaría la generalización de las CPS?
A nivel nacional no hay estudios. Cuando se habla de compras sostenibles está el principio de necesidad justificada, si lo que está comprando la administración realmente es necesario o se puede recurrir a otros mecanismos.
Por ejemplo, en la Ramcc se unieron varios municipios para comprar maquinaria vial que usan muy pocas veces al año. Evalúan la obsolescencia programada, su precio, el tiempo que queda su uso, me parece una excelente iniciativa para prescindir de compras innecesarias. Es importante que nuestros presupuestos empiecen a tener rotuladas las compras sostenibles para saber cuánto invertimos en ellas y cómo alinear las políticas de Estado.
Adjudicar a un proveedor que no tiene políticas de inclusión de personas con discapacidad o por la promoción de las mujeres, es adjudicar a alguien que no está alineado con la política nacional. Tenemos que ser coherentes en los mensajes que trasladamos y más cuanto tenemos que ejecutar ese gasto que tiene que ser eficiente, eficaz y también sostenible.
La Nación y las provincias tienen el Plan Anual de Contrataciones (PAC), en el que cada ministerio tiene que informar qué tiene proyectado para comprar el año siguiente. En estos momentos no tenemos incorporados en el PAC qué criterios de sustentabilidad se van a aplicar, por eso estamos trabajando para que se incorporen criterios ambientales y sociales.
