El reciente comunicado oficial del presidente de la Nación haciéndole saber a la comunidad empresaria nucleada en el marco del encuentro de la Unión Industrial Argentina (UIA), sobre su decisión de enviar un proyecto de ley de promoción a las inversiones y empleo para pequeñas, medianas y grandes empresas nos invita a una reflexión: la seguridad jurídica debe estar asegurada al inversor  por  la legislación en sus tres niveles de gobierno constitucional y, para ello, contar con el Poder Judicial como custodio de aquélla.

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