El proyecto de ficha limpia que recibió media sanción ayer en la Cámara de Diputados y que ahora pasó al Senado, propone esencialmente impedir que condenados en dos instancias por delitos de corrupción puedan ser candidatos para cargos electivos nacionales u ocupar cargos de la administración pública nacional. Esta figura ya existe en otros países del mundo, aunque funciona de distintos modos. En países como Brasil y Alemania las condenas penales imposibilitan la postulación a cargos públicos, mientras que en Francia un Tribunal puede imponer la limitación de los derechos políticos como una pena adicional.