La política presupuestaria de la Provincia de San Luis (CT-C24-ARPRTRA)

La política presupuestaria de la Provincia de San Luis

Código Casoteca: CT-C24-ARPRTRA

Autor: Pedro Wouterlood

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Resumen:

En diciembre de 2.016, usted asumió la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de San Luis, un cargo creado por ley de la legislatura provincial a instancias de la Gobernadora Faustina Lafinur, una ex compañera universitaria suya. Lafinur había sido electa en octubre de 2.015 por escasísimo margen y tomó posesión del cargo de Gobernadora en diciembre de ese año.
Los resultados provisorios de aquella reñidísima e inesperada elección, habían colocado a Lafinur, la gran sorpresa de tan memorable jornada cívica, por delante de los dos candidatos favoritos.
Lafinur era consciente de que por primera vez desde el retorno de la democracia en 1.983, el partido hasta entonces gobernante había transmitido el mando a un dirigente de otro partido. No tenía mayoría en ninguna de las Cámaras de la Legislatura Provincial. Su partido nunca había gobernado la provincia, por lo que ninguno de sus colaboradores más cercanos tenía experiencia en cargos de mando. Por eso decidió integrar su gabinete con algunos profesionales de su confianza y otros afines al partido que había perdido el gobierno, a quienes debía enviar señales de cierta cercanía para que la Legislatura no le bloqueara las leyes que necesitaba sancionar.
El primer año de gestión del nuevo gobierno estuvo marcado por varias disputas en el seno de su gabinete, por lo que la Gobernadora decidió reflotar la Jefatura de Gabinete de Ministros, una figura que había sido usada por gobiernos anteriores. En ese contexto, usted tomó posesión del cargo en diciembre de 2.016.
En mayo de 2.017, luego de remitir la cuenta de inversión para que la Legislatura la aprobara, la Gobernadora Lafinur convocó a su gabinete para comenzar a confeccionar el proyecto de ley de presupuesto para el año entrante. Fue entonces cuando la heterogeneidad del mismo se hizo sentir con más intensidad que nunca. Había una importante tensión entre dos facciones de su equipo, encabezadas, por un lado, por el Ministro de Hacienda –el Contador Javier Moreno, identificado ideológicamente con el anterior gobierno, pero que la Gobernadora respetaba por su solvencia intelectual–, y por el otro, por la Ministra de Educación –la Profesora Alicia Vals, profesional inteligente, de gran capacidad de trabajo y de confianza de la Gobernadora–.
La disputa entre las dos posturas divergentes se centraba principalmente en la forma en que debía confeccionarse el proyecto de presupuesto. La Ministra de Educación proponía contener el descontento creciente en los empleados y funcionarios públicos que reclamaban una importante mejora salarial, y a la vez, aumentar las partidas destinadas a educación en casi un 70% respecto del año en curso para destinarlo a un ambicioso plan de inclusión educativa que se centraba principalmente en becas para estudiantes primarios y secundarios. Esto implicaba flexibilizar las limitaciones que el anterior Ejecutivo provincial había impulsado a lo largo de los años a través de diversas herramientas en materia presupuestaria, principalmente el equilibrio entre gastos corrientes y de capital, en virtud del cual el gasto corriente no debía superar el 50% del presupuesto total. La posición del Ministro de Hacienda, por el contrario, representaba el ala más conservadora del gabinete, quería continuar consolidando una política presupuestaria que entendía exitosa preservando el status quo.
Transcurría junio de 2.017, usted acababa de cumplir su séptimo mes como Jefe de Gabinete, momento en que la Gobernadora le encomendó poner fin a la disputa entre las dos posturas enfrentadas, para lo cual debía decidir sobre lo siguiente:
a) Seguir la política de presupuesto equilibrado entre gastos corrientes y de capital;
b) Proponer la modificación de la Ley Permanente de Presupuesto (Anexo III) que imposibilita superar el 50% de gastos corrientes;
c) Otra alternativa que se le ocurra.
La Gobernadora Lafinur sabía que la correcta solución de este dilema en buena medida redundaría en el éxito o fracaso de su gestión, razón por la cual le encomendó que evalúe las consecuencias jurídicas y políticas que acarrearían cada una de las opciones aludidas.
Para una correcta toma de decisión, usted solicitó informes y realizó entrevistas con dirigentes actuales y de anteriores gestiones en las distintas áreas del Ejecutivo provincial, de las cuales pudo recolectar los siguientes datos e información.

Archivos relacionados:

24. Bibliografía – El sistema presupuestario público – pp. 25-32 38-40 121-126 137-147 244-262 269-278

24. Bibliografía – Guiñazú pp. 35-39 59-71 117-130

Buenos Aires, un gobierno electrónico (CT-C6-ARPRMDE)

Buenos Aires, un gobierno electrónico

Código Casoteca: CT-C6-ARPRMDE

Autores: Maximiliano Marques

Organismo: Secretaría Legal y Técnica

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Resumen:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se concretó en cinco años el cambio de una burocracia centrada en el papel a tener la totalidad de los trámites en forma digital, lo que el Gobierno llamo “Gestión Documental Electrónica”, y comenzó a abrir la gestión hacia los ciudadanos que ya pueden operar sus trámites habituales a distancia, desde sus hogares y oficinas.

Aunque desde el gobierno afirman que la “Gestión Documental Electrónica” plena es solo un gran primer paso para lograr la modernización del Estado. Se logró entrar de lleno en el siglo XXI, avanzando desde la práctica hacia un concepto real de Gobierno Electrónico y Ciudad Inteligente.

Los efectos finales de este cambio que, sin lugar a dudas, afecta profundamente la cultura organizacional, en muchos casos aún no se ha visto en forma total. Pero ya se perciben con total claridad ahorros de todo tipo, la incorporación ciudadana a la tramitación, nuevas conductas, mejoras en la agilidad, el control de las operaciones y la transparencia.

Alianza para el Gobierno Abierto (CT-C3-ARPRPAP)

Alianza para el Gobierno Abierto

Código Casoteca: CT-C3-ARPRPAP

Autores: María Florencia Misino

Organismo: OGP

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Resumen:

El concepto de Gobierno Abierto empieza a popularizarse luego de que en 2008 Obama en su primer acto de gestión firma un Memorándum Ejecutivo (Open Government Initiative) que dispone un conjunto de principios sobre los que basaría su gobierno. El memorándum definía gran apertura en el gobierno y un sistema de transparencia, participación pública y colaboración para reforzar la democracia, asegurar la confianza pública y promover la eficacia y eficiencia gubernamental. Se apuntaba a reconocer los saberes dispersos en el conjunto de la sociedad y que para mejorar la calidad del sistema democrático era indispensable que la pluralidad de opiniones y valores que la impregnan, sean parte en la gestión de los asuntos públicos. Lo que subyace de ello es que la transparencia promueve la rendición de cuentas; la participación mejora la eficacia gubernamental y la calidad de la toma de decisiones; y la colaboración incorpora a los ciudadanos a la acción de gobierno (Bingham y Foxworthy, 2012: citado en Villoria, 2012:69).

Los gobiernos de Brasil, México y del Reino Unido lo asumieron como modelo de gestión, y junto con Estados Unidos impulsaron el Open Government Partnership, (OGP en Inglés o Alianza para el Gobierno Abierto) el cual se basa en cuatro principios: mejorar la disponibilidad de información sobre las actividades del gobierno para todos los ciudadanos; apoyar la participación cívica; implementar los más altos estándares de integridad profesional en las administraciones; y favorecer el acceso a nuevas tecnologías que faciliten la apertura y rendición de cuentas.

A partir de este hito gubernamental y del desarrollo tecnológico que permiten las TICS, se dio una rápida evolución incluyendo distintos principios para mejorar el accionar de la administración pública y sus gobiernos. Desde las herramientas de gobierno electrónico, la inclusión de las redes sociales en la acción gubernamental hasta la apertura de datos por parte de los gobiernos que son parte de un conjunto de elementos que posibilitan cambios en la forma que las administraciones públicas y los gobiernos han venido trabajando hasta ahora.
Un gobierno abierto según Calderón y Lorenzo “es aquel que entabla una constante conversación con los ciudadanos con el fin de oír lo que ellos dicen y solicitan, que toma decisiones basadas en sus necesidades y preferencias, que facilita la colaboración de los ciudadanos y funcionarios en el desarrollo de los servicios que presta y que comunica todo lo que decide y lo hace de forma abierta y transparente” (Calderón y Sebastián, 2010:11)

El año 2011 la Alianza para el Gobierno Abierto comenzó a funcionar con el compromiso de ocho estados (Brasil, Indonesia, México, Noruega, Filipinas, Sudáfrica, Reino Unido, Estados Unidos) los cuales aprobaron una Declaración de Gobierno Abierto y anunciaron sus planes de acción nacionales, con el transcurso del tiempo este grupo logró incorporar a 69 países comprometidos a realizarlo como gobierno nacional. Nuestro país se incorpora a finales de 2012 y es durante el año siguiente que elabora el compromiso nacional con un conjunto de organizaciones sociales. Los pilares de ese compromiso refieren a mejoras en áreas puntuales de la Administración Pública Nacional relacionadas con las nuevas tecnologías como, por ejemplo, el desarrollo de la televisión digital entre otros.

Los resultados obtenidos durante este tiempo alentaron a este consorcio a promover en el año 2016 el programa a estados sub nacionales mediante una experiencia piloto. En esta convocatoria la ciudad de Buenos Aires se postuló con el aval de distintas organizaciones sociales. Este proyecto implica que la administración local se abre a la sociedad y mediante unos métodos y criterios preestablecidos por la organización impulsora (OGP) se miden esas acciones.