Es una mañana calurosa de noviembre de 2011. En las oficinas del Ministerio de Trabajo nacional, en Av. Leandro Alem al seiscientos, se vive un clima festivo. Unas semanas atrás, Cristina Fernández de Kirchner resultó reelecta Presidenta de la Nación con el 54,1% de los votos y una diferencia de más de 37 puntos porcentuales frente al candidato del Frente Amplio Progresista, Hermes Binner. Entre los cuadros políticos ya se está gestando el ‘vamos por todo’ que la Presidenta pronunciará meses más tarde. Pero hay algunos datos que no son tan alentadores. Esa mañana se procesaron los registros administrativos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) correspondientes al mes de octubre de 2011, y resulta que la cantidad de asalariados registrados del sector privado no ha aumentado mucho. “A diferencia del fuerte crecimiento observado desde la salida de la crisis de diciembre de 2001 hasta el 2008, periodo durante el cual creamos cerca de dos millones de empleos registrados en el sector privado, desde el 2009 la creación de puestos formales se desacelera, y el poco empleo creado se explica en gran medida por la expansión del sector público,” se sincera un alto funcionario, respaldado además por el último reporte de la Encuesta Permanente de Hogares que elabora el INDEC, que indica que más del 40% de los trabajadores del país son informales, ya sea porque son asalariados no registrados o porque trabajan haciendo changas u otras actividades precarias1. Afuera, en la calle, un grupo de adolescentes limpia parabrisas a cambio de una moneda.
“Este año electoral le dimos con todo a la maquinita de imprimir billetes y expandimos el gasto público lo que pudimos, sin embargo, el empleo está bastante planchado y la informalidad no baja; hay que buscar otras alternativas” razonó el mismo funcionario con pretensiones de agudeza analítica. En efecto, a partir de ese momento se creó un grupo formado por cuadros técnicos y segundas líneas de diversas áreas del Ministerio de Trabajo, con el objetivo de proponer reformas creativas dirigidas a reducir la informalidad laboral y fomentar la creación de empleo privado. Esta iniciativa terminará dos años y medio más tarde, con la sanción de la ley No. 26940 en mayo de 2014. En el presente caso se describe y analiza la reducción de cargas patronales a micro-empleadores, uno de los componentes centrales de la ley 26940. El eje del documento gira en torno a las principales disyuntivas que enfrentaron los encargados de diseñar e implementar dicha política pública.