El proceso de urbanización constituye un fenómeno global e irreversible. Se estima que más de la mitad de la población mundial vive en ciudades y que esta tendencia sigue en alza. En América Latina este proceso es aún más veloz y, más allá de las diferentes tasas de urbanización, estos países se sometieron a procesos intensos de desarrollo urbano, como no hay antecedentes en la historia. Los asentamientos urbanos, concentran hoy un alto porcentaje de la economía, lo que significa que brinda a su población mayores oportunidades de desarrollos personales y comunitarios.
Hay hechos que sirven como puntos de inflexión, que se develan como parte neurálgica de un entramado más complejo y que, al observarlo, vemos en él la confluencia de intereses y disputas. Décadas atrás, una de las preocupaciones que acuciaban a los gobernantes era el acelerado crecimiento poblacional, la concentración desmesurada dentro de las áreas metropolitanas y las consecuencias económicas, sociales y sobre todo ambientales que estos procesos traen consigo. Es por ello, que gran parte de la política urbana se concentraba en tratar de controlar, reducir e interceptar los flujos migratorios rurales hacia las ciudades. En la actualidad se comprendió que los asentamientos urbanos son la forma predominante del habitar humano, que concentran la economía, producen un alto porcentaje del PBI, son fuentes de transformación y desarrollo económico, social, cultural, político, etc. Vivir en ciudades hoy implica tener acceso a servicios básicos, a mayor posibilidad de adquirir un empleo productivo, mayor acceso a la educación, posibilidad de combatir la pobreza y la desnutrición, etc.
Sin embargo, la situación actual de la problemática urbana (veremos que esto se agudiza en América Latina y el Caribe) requiere medidas urgentes para enfrentar la situación de la pobreza y la marginalidad económica, social y territorial de una alta tasa de la población.
Gran parte de la nueva agenda política urbana afronta este tema a través de la necesidad de fomentar los procesos participativos, fortalecer los mecanismos institucionales de los gobiernos municipales, desarrollar áreas de decisión metropolitanas que efectúen una real descentralización de funciones, recursos y facultades. Esto permite emprender políticas públicas partiendo de la problemática específica, que se desencadenarán en la inserción en un esquema integral de políticas de desarrollo urbano tendientes al equilibrio y la sostenibilidad.
En la ciudad encontramos la presencia de lo público, lo privado y lo colectivo. La toma de decisiones de un intendente no afecta sólo a espacios y bienes públicos, sino también acciones y derechos privados que se ven afectados por medidas que tienden al bien común. Aquí se encuentra la necesidad de incentivar un proyecto colectivo de ciudad que integre a los agentes relevantes, cree mecanismos de resolución de conflictos y construya una convivencia consensuada del espacio común. Como veremos más adelante, este punto no trata sólo de fortalecer instituciones, sino de desarrollar civilidad, construir ciudadanía y fomentar el desarrollo humano.
Si bien las ciudades tienen efectos positivos sobre su población, también han demostrado ser nocivas para el medio ambiente y reproductoras de un sistema excluyente, gregario y expansivo hasta la destrucción. Es a partir de este contexto que se comprende que los controles de los niveles de consumo en el modo de vida urbano son inviables, en tanto que además de generar serios problemas ambientales, el ritmo al que se producen hace imposible la absorción y el procesamiento del ecosistema. Sobre este contexto se crea la discusión en torno a la sustentabilidad o sostenibilidad, que por los antecedentes y la importancia que tienen, se focalizan en el ámbito de las ciudades.