El concepto de Gobierno Abierto empieza a popularizarse luego de que en 2008 Obama en su primer acto de gestión firma un Memorándum Ejecutivo (Open Government Initiative) que dispone un conjunto de principios sobre los que basaría su gobierno. El memorándum definía gran apertura en el gobierno y un sistema de transparencia, participación pública y colaboración para reforzar la democracia, asegurar la confianza pública y promover la eficacia y eficiencia gubernamental. Se apuntaba a reconocer los saberes dispersos en el conjunto de la sociedad y que para mejorar la calidad del sistema democrático era indispensable que la pluralidad de opiniones y valores que la impregnan, sean parte en la gestión de los asuntos públicos. Lo que subyace de ello es que la transparencia promueve la rendición de cuentas; la participación mejora la eficacia gubernamental y la calidad de la toma de decisiones; y la colaboración incorpora a los ciudadanos a la acción de gobierno (Bingham y Foxworthy, 2012: citado en Villoria, 2012:69).

Los gobiernos de Brasil, México y del Reino Unido lo asumieron como modelo de gestión, y junto con Estados Unidos impulsaron el Open Government Partnership, (OGP en Inglés o Alianza para el Gobierno Abierto) el cual se basa en cuatro principios: mejorar la disponibilidad de información sobre las actividades del gobierno para todos los ciudadanos; apoyar la participación cívica; implementar los más altos estándares de integridad profesional en las administraciones; y favorecer el acceso a nuevas tecnologías que faciliten la apertura y rendición de cuentas.

A partir de este hito gubernamental y del desarrollo tecnológico que permiten las TICS, se dio una rápida evolución incluyendo distintos principios para mejorar el accionar de la administración pública y sus gobiernos. Desde las herramientas de gobierno electrónico, la inclusión de las redes sociales en la acción gubernamental hasta la apertura de datos por parte de los gobiernos que son parte de un conjunto de elementos que posibilitan cambios en la forma que las administraciones públicas y los gobiernos han venido trabajando hasta ahora.
Un gobierno abierto según Calderón y Lorenzo “es aquel que entabla una constante conversación con los ciudadanos con el fin de oír lo que ellos dicen y solicitan, que toma decisiones basadas en sus necesidades y preferencias, que facilita la colaboración de los ciudadanos y funcionarios en el desarrollo de los servicios que presta y que comunica todo lo que decide y lo hace de forma abierta y transparente” (Calderón y Sebastián, 2010:11)

El año 2011 la Alianza para el Gobierno Abierto comenzó a funcionar con el compromiso de ocho estados (Brasil, Indonesia, México, Noruega, Filipinas, Sudáfrica, Reino Unido, Estados Unidos) los cuales aprobaron una Declaración de Gobierno Abierto y anunciaron sus planes de acción nacionales, con el transcurso del tiempo este grupo logró incorporar a 69 países comprometidos a realizarlo como gobierno nacional. Nuestro país se incorpora a finales de 2012 y es durante el año siguiente que elabora el compromiso nacional con un conjunto de organizaciones sociales. Los pilares de ese compromiso refieren a mejoras en áreas puntuales de la Administración Pública Nacional relacionadas con las nuevas tecnologías como, por ejemplo, el desarrollo de la televisión digital entre otros.

Los resultados obtenidos durante este tiempo alentaron a este consorcio a promover en el año 2016 el programa a estados sub nacionales mediante una experiencia piloto. En esta convocatoria la ciudad de Buenos Aires se postuló con el aval de distintas organizaciones sociales. Este proyecto implica que la administración local se abre a la sociedad y mediante unos métodos y criterios preestablecidos por la organización impulsora (OGP) se miden esas acciones.