Programa distritos económicos (CT-C29-ARPRPLU)

Programa distritos económicos

Código Casoteca: CT-C29-ARPRPLU

Autor: Matías Nahuel Muñoz

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Resumen:

El proceso de urbanización constituye un fenómeno global e irreversible. Se estima que más de la mitad de la población mundial vive en ciudades y que esta tendencia sigue en alza. En América Latina este proceso es aún más veloz y, más allá de las diferentes tasas de urbanización, estos países se sometieron a procesos intensos de desarrollo urbano, como no hay antecedentes en la historia. Los asentamientos urbanos, concentran hoy un alto porcentaje de la economía, lo que significa que brinda a su población mayores oportunidades de desarrollos personales y comunitarios.
Hay hechos que sirven como puntos de inflexión, que se develan como parte neurálgica de un entramado más complejo y que, al observarlo, vemos en él la confluencia de intereses y disputas. Décadas atrás, una de las preocupaciones que acuciaban a los gobernantes era el acelerado crecimiento poblacional, la concentración desmesurada dentro de las áreas metropolitanas y las consecuencias económicas, sociales y sobre todo ambientales que estos procesos traen consigo. Es por ello, que gran parte de la política urbana se concentraba en tratar de controlar, reducir e interceptar los flujos migratorios rurales hacia las ciudades. En la actualidad se comprendió que los asentamientos urbanos son la forma predominante del habitar humano, que concentran la economía, producen un alto porcentaje del PBI, son fuentes de transformación y desarrollo económico, social, cultural, político, etc. Vivir en ciudades hoy implica tener acceso a servicios básicos, a mayor posibilidad de adquirir un empleo productivo, mayor acceso a la educación, posibilidad de combatir la pobreza y la desnutrición, etc.
Sin embargo, la situación actual de la problemática urbana (veremos que esto se agudiza en América Latina y el Caribe) requiere medidas urgentes para enfrentar la situación de la pobreza y la marginalidad económica, social y territorial de una alta tasa de la población.
Gran parte de la nueva agenda política urbana afronta este tema a través de la necesidad de fomentar los procesos participativos, fortalecer los mecanismos institucionales de los gobiernos municipales, desarrollar áreas de decisión metropolitanas que efectúen una real descentralización de funciones, recursos y facultades. Esto permite emprender políticas públicas partiendo de la problemática específica, que se desencadenarán en la inserción en un esquema integral de políticas de desarrollo urbano tendientes al equilibrio y la sostenibilidad.
En la ciudad encontramos la presencia de lo público, lo privado y lo colectivo. La toma de decisiones de un intendente no afecta sólo a espacios y bienes públicos, sino también acciones y derechos privados que se ven afectados por medidas que tienden al bien común. Aquí se encuentra la necesidad de incentivar un proyecto colectivo de ciudad que integre a los agentes relevantes, cree mecanismos de resolución de conflictos y construya una convivencia consensuada del espacio común. Como veremos más adelante, este punto no trata sólo de fortalecer instituciones, sino de desarrollar civilidad, construir ciudadanía y fomentar el desarrollo humano.
Si bien las ciudades tienen efectos positivos sobre su población, también han demostrado ser nocivas para el medio ambiente y reproductoras de un sistema excluyente, gregario y expansivo hasta la destrucción. Es a partir de este contexto que se comprende que los controles de los niveles de consumo en el modo de vida urbano son inviables, en tanto que además de generar serios problemas ambientales, el ritmo al que se producen hace imposible la absorción y el procesamiento del ecosistema. Sobre este contexto se crea la discusión en torno a la sustentabilidad o sostenibilidad, que por los antecedentes y la importancia que tienen, se focalizan en el ámbito de las ciudades.

La modernización del sistema de compras y contrataciones (CT-C22-ARPRMDE)

La modernización del sistema de compras y contrataciones

Código Casoteca: CT-C22-ARPRMDE

Autor: Andrés Gilio

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Resumen:

Dada la envergadura que tienen los Estados y el impacto social y económico que logran como instituciones demandantes de bienes, el buen desempeño de los sistemas de compras resultan clave para el buen funcionamiento de una economía y su desarrollo.
La comprensión sobre esta situación se ha ampliado de modo significativo en los últimos años. Ello se ha manifestado en la promulgación de leyes y reglamentaciones que apuntan a modernizar los procedimientos de compra y volverlos más competitivos, intentando incrementar la transparencia, el empleo de procedimientos electrónicos, incentivando la conciencia ambiental y fomentando la participación de firmas pequeñas (Arozamena y Weinschelbaum, 2010)
A través del desarrollo de acciones que comprenden la gestión de capacidades y la introducción de instrumentos tecnológicos y normativos capaces de posibilitar el uso eficiente de los recursos y la generación de sinergias para el logro de objetivos de responsabilidad pública, se puso en marcha el portal electrónico de adquisiciones y contrataciones, denominado Buenos Aires Compras (BAC).
El BAC permitió avanzar en la modernización del Estado y, en particular, del Sistema de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la incorporación de mejores prácticas que permiten mayor transparencia, eficiencia y eficacia en la totalidad de las transacciones realizadas.
En este sentido, el objetivo de este caso pedagógico será describir y reflexionar sobre el proceso de implementación de Buenos Aires Compras, el nuevo sistema innovador de compras y contrataciones electrónicas del sector público de la Ciudad, que permite la interacción de los compradores, los proveedores y los ciudadanos en un mismo portal.
La creación del BAC forma parte de una estrategia integral del gobierno porteño con el fin de modernizar e innovar la gestión pública estableciendo mejores estándares en materia de transparencia, eficiencia y eficacia en los procesos de compra gubernamentales a través de la implementación de mecanismos electrónicos de selección, adquisición y contratación.
Esta política supuso un doble proceso de innovación y transformación estatal. Por un lado, implicó la adaptación, modificación y actualización la normativa y los procesos administrativos vinculados al sistema de compras y contrataciones del gobierno porteño. Por otro lado, permitió el desarrollo de una serie de capacidades tecnológicas y administrativas, a lo largo de todo el aparato estatal, con el objetivo de lograr una correcta y eficaz implementación de la política, haciendo que las compras realizadas por las unidades administrativas atraviesen de forma ágil, transparente y segura las instancias para ofertar y adquirir los productos.

La implementación de la Ley de Financiamiento Educativo (CT-C21-ARNCEDU)

La implementación de la Ley de Financiamiento Educativo: la aplicación del artículo que “sanciona” a las provincias

Código Casoteca: CT-C21-ARNCEDU

Autores: Guillermina Salse y Alejandra Cardini

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Resumen:

La Ley No 26.075 de Financiamiento Educativo (LFE) fue sancionada el 21 de diciembre de 2005. La puesta en marcha de la implementación de la ley se inició en 2006 a través de lo dispuesto en el art. 12, que establecía que el Ministerio de Educación debía realizar convenios bilaterales con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acordando las metas y los recursos que ambas partes asignaban para cumplir esas metas.
El dilema principal ocurrió a inicios del segundo año de implementación de la LFE. A fines de febrero de 2007, momento en que se preparaba una nueva reunión del Consejo Federal de Educación, San Luis era la única provincia que había incumplido con la firma del Convenio Bilateral. Ello ponía en un dilema a las autoridades del Ministerio de Educación, especialmente a Osvaldo Devries, Subsecretario Nacional de Planeamiento Educativo y funcionario responsable de gestionar y monitorear el cumplimiento de la LFE.
Devries tenía amplía experiencia en negociaciones con funcionarios provinciales. Su paso por el cargo de Secretario del Consejo Federal de Educación le había potenciado su fuerte compromiso con las soluciones a los conflictos educativos de las provincias y los ocurridos entre la Nación y las jurisdicciones, respetando siempre el tenor federal de esas soluciones.
Durante años había tenido amplias responsabilidades de gestión en el ámbito de las políticas educativas y reconocía la importancia de la decisión que debía tomar: ¿debía hacer uso del art. 173 de la LFE y aplicar medidas sancionatorias?. Ante el incumplimiento de la ley por parte de alguna provincia, este artículo habilitaba al Ministerio de Educación -en consulta con el Consejo Federal de Cultura y Educación- a retener las transferencias de los fondos de los programas del Ministerio Nacional. ¿O debía buscar otras alternativas de solución previas a la aplicación de la sanción?
Otras dudas se le plantearon a Devries: ¿Ponía en consideración el tema en la reunión del Consejo Federal de Educación (CFE), como lo habilitaba (y quizás obligaba) la LFE? Si fuera así, ¿qué propuesta se llevaría?, ¿Cómo era el equilibrio de fuerzas al interior del CFE?, ¿qué fortalezas tenían los acuerdos (Convenios Bilaterales) que habían firmado las otras provincias?, ¿cuáles serían las reacciones de las demás provincias que ya habían firmado?, ¿había otros mecanismos de acuerdo previo a la aplicación de la cláusula? , ¿qué otros actores había que considerar en la decisión?

La creación y comienzo de la Policía Metropolitana de CABA (CT-C20-ARPRSEG)

La creación y comienzo de la Policía Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Código Casoteca: CT-C20-ARPRSEG

Autor: Mg. Diego P. Gorgal

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Resumen:

El 28 de octubre de 2008, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó con fuerza de ley el proyecto que había sido enviado por el Jefe de Gobierno Mauricio Macri para la creación de la Policía Metropolitana (PM) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Así, la ciudad más grande y capital federal de la Argentina decide organizar la primera fuerza policial local, y lo hace desde “cero”.
Dicha decisión, como toda decisión de política pública de tal envergadura, supuso cierta visión sobre el problema público que reclama la atención del gobierno y ponderación de las opciones disponibles para dar cuenta de dicho problema, por un lado, e implicó importantes efectos institucionales, políticos y de política de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, por otro. En este sentido, ¿qué supuso y qué implicó la decisión de crear la PM? ¿Era necesario crearla? ¿Había opciones sobre la mesa de decisión alternativas a “no hacer nada” o crear la PM tal como se la creó? La implementación de la decisión de crearla, ¿respetó la visión del decisor o también moldeó aquella decisión? ¿Se contemplaron los intereses y motivaciones del Gobierno nacional en el proceso de creación de la PM? Estos, y otros interrogantes, acompañaron el proceso de creación de la PM.
La aparición de una policía nueva en el ámbito del Gobierno de la Ciudad fue abrazada con cierto entusiasmo por la dirigencia política local y el vecino, pues el problema de la seguridad era percibido como uno de los prioritarios para el porteño—al punto que fue uno de los ejes de campaña del candidato Macri—y tanto el gobierno nacional como la Policía Federal acumulaban descrédito y desaprobación en el manejo del asunto. No obstante, dicho apoyo fundacional no se tradujo en un proceso de creación y puesta en funciones exento de dificultades, ni en el establecimiento de una policía alejada de las controversias, ni tampoco en un significativo control del problema de la inseguridad.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) como política de inclusión social (CT-C19-ARNCSGS)

La Asignación Universal por Hijo (AUH) como política de inclusión social

Código Casoteca: CT-C19-ARNCSGS

Autores: Juan Segundo Bellocq y Tomas Andrés Kidd

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Resumen:

Era la segunda semana de abril del 2016 y ya quedaba claro que el invierno le podía ganar de mano al otoño. Entre las largas lluvias de abril traídas por El Niño y el frío del invierno tempranero, este otoño estaba amagando a quedarse muy corto. Dentro de este panorama y con múltiples capas de abrigo Santiago L. Ibarzabal Murphy, Sub- director Ejecutivo de Prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), llegaba a la oficina.
Eran las 8:20 de la mañana del lunes y, como casi todas las mañanas, Santiago calentaba el agua para el mate con especial cuidado de que no le hirviera. Mientras tanto, a medida que iba preparando el mate y sacándole el polvo a la yerba, Santiago se puso a pensar en la importancia de la reunión que iba a tener con el Director Ejecutivo, Emilio Basavilbaso, al final de la semana. En esa reunión, habiendo cumplido casi 6 meses en el cargo, Santiago tendría que presentar un informe evaluador sobre el desempeño de la Asignación Universal por Hijo (AUH) desde su implementación. Más importante aún, en ese informe él deberá presentar una recomendación de re-diseño de la AUH sostenida con argumentos convincentes y datos sólidos. En efecto, su recomendación podría determinar el futuro de la política e impactar sobre millones de beneficiarios.
Con ese objetivo en mente, Santiago había programado con su equipo una serie de reuniones a lo largo de la semana para poder discutir juntos sobre el impacto de la política, evaluar su desempeño y delinear distintas posibilidades de re-diseño. El relevamiento de esta información había comenzado desde enero del 2016, un mes después de comenzar en el cargo. Ahora bien, llegar a un consenso sobre el re-diseño de la política no sería tarea fácil porque, si bien había suficiente evidencia ‘científica’ sobre el impacto de la AUH en los últimos años, su equipo estaba muy dividido sobre qué rumbo debía tomar para que mejorara. A grandes rasgos, el equipo se dividía en dos posturas que estaban lideradas por Alejandro y Gabriel.
Por un lado estaba Alejandro, economista de profesión, amante del futbol de posesión y “bancador a muerte de Messi”, que pensaba que a la AUH había que hacerle pocos cambios debido al impacto positivo que tenía sobre varios ejes:
“Si uno mira el impacto que tiene la Asignación sobre la pobreza económica, los niveles de ingreso, las tasas de matriculación escolar y la tasas de atención pediátrica de los beneficiarios, vemos que estamos en la presencia de una de las mejores políticas contemporáneas para combatir la pobreza. La clave de la política está en las ‘condicionalidades’: mandar a sus chicos a la escuela y a que se vacunen. Sin esas condicionalidades lo más probable es que no los mandarían, por lo cual es clave que tengan un incentivo económico para hacerlo. Por ende, es vital seguir focalizando la política en el sector pobre de la población y seguir exigiendo esas condicionalidades”.
Por otro lado estaba Gabriel, abogado de profesión, baterista frustrado y fanático de Ringo Starr, que si bien estaba de acuerdo con Alejandro de que la AUH mostraba resultados positivos, sostenía que el alcance real de la política a largo plazo era limitado y que debía cambiarse su diseño:
“Actualmente hay niños que por tecnicidades normativas de la AUH no están cubiertos, y por ende, el sistema de seguridad social argentino les está fallando. Creo que debemos universalizar la política a todos los niños menores de 18 años (entendiendo que por universalizar estoy proponiendo que exista una única Asignación por Hijo para todo menor del país, indistinto del tipo de inserción laboral que tenga sus padres) y no exigir condicionalidades. En esencia, sacarle la prestación por incumplimiento supone que la responsabilidad es entera de los individuos y no del Estado, algo inmoral e irresponsable desde la perspectiva del Estado de Bienestar. Más importante aún, la prestación se le debe otorgar a todo niño porque es su derecho por su condición de menor, no por ser hijo de desempleado o informal. De esta manera también evitaremos una desigualdad en el monto y el trato entre la Asignación Familiar por Hijo para trabajadores formales y la AUH para trabajadores informales o desempleados”.
Si bien Santiago había escuchado ambas posturas de manera informal durante los últimos meses hablando con los distintos miembros de su equipo, se daba cuenta que necesitaba más información para desempatar entre las dos posturas. Más importante aún, él percibía que ambas posturas tenían un poco de razón y que su recomendación también podría estar situada como un punto intermedio entre ambas. En efecto, Santiago sabía que las reuniones de los próximos días serían claves.
Inesperadamente, el sonido del agua burbujeando le interrumpe la reflexión y, con un poco de frustración, deja la pava abierta para que ventile un poco y se enfríe el agua.

La articulación publico privada en la lucha contra la desnutrición infantil (CT-C18-ARPRSAL)

La articulación publico privada en la lucha contra la desnutrición infantil: el caso CONIN

Código Casoteca: CT-C18-ARPRSAL

Autor: Adrián Spitaleri

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Resumen:

Juan Patalili, abogado y miembro fundador del Centro de Investigación de Políticas Públicas (CIPP), analizaba junto a su máxima colaboradora, la ingeniera Inés Wueyson, el convenio que la Fundación CONIN (Cooperadora para la Nutrición Infantil), había firmado con el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), el pasado 27 de abril de 2016. Comenzado dicho año, el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), había contratado a Juan, a través del CIPP, a realizar un trabajo de investigación sobre la desnutrición y su articulación con las políticas públicas en Sudamérica, el cual publicaría a fines de 2017.
El trabajo contemplaba una investigación y conclusión preliminar de todo lo realizado en materia de desnutrición en Chile y en Argentina, y su vinculación con las políticas de estado, para poder implementar un plan de erradicación. Juan e Inés vivían en Buenos Aires, pero habían logrado entrevistar al Dr. Abel Albino, oriundo de Mendoza y fundador de CONIN en Argentina, con el cual habían hablado sobre su trabajo con la desnutrición en dicho país y todo lo aprendido de su mentor, el Dr. Fernando Monckeberg en CONIN de Chile.
Con todo el material informativo y los libros escritos por los Dres. Albino y Monckeberg y sus colaboradores, empezaron a investigar y analizar todo lo realizado en ambos países para combatir la desnutrición infantil. La gente de CONIN Argentina también les facilitó los convenios que se firmaron con el Gobierno Nacional, seis meses atrás. Pudieron leer casi todo el material en muy poco tiempo, además de las varias páginas visitadas en la web, para complementar la información. Si bien tanto Juan como Inés leyeron las actuaciones en ambos países, fue Juan quién leyó más de lo realizado en Argentina e Inés lo propio con Chile.
“Inés, me gustaría que analizáramos los convenios firmados por el MDS con CONIN”, le comentó Juan. Y agregó: “Estuve leyendo con mucho detenimiento la metodología CONIN y la propuesta de CONIN que se desarrolla en el libro: Así se combate la Desnutrición. En el convenio Específico, firmado en Junio de 2016, se detalla el Plan de Objetivos y Acciones Específicas y en el libro aparecen las primeras directrices que, en número, son el doble de los planes propuestos en el convenio, además de una propuesta muy diferente respecto a la multiplicación de Centros de Prevención”. “¿Y qué es lo que te preocupa concretamente?”, preguntó Inés, con sorpresa.
“Creo que la propuesta de CONIN es realmente abarcadora, en respuesta a combatir el problema de la desnutrición y que los planes y métodos propuestos no condicen con los firmados en el convenio con el Gobierno Nacional, para erradicar la desnutrición infantil en Argentina”, expresó Juan con preocupación. Finalmente, y para terminar de exponer sus comentarios al análisis propuesto, le dijo: “Vos has leído las acciones llevadas a cabo en Chile por el Dr. Monckeberg y me parece que, contextos aparte, los cuales son muy importantes a tener en cuenta, veo limitadas las acciones a realizar en Argentina y más aún veo diferencias significativas de implementación en ambos países. Sería bueno estructurar nuestro análisis en función de estas diferencias, ¿qué te parece Inés?”.
“Sí, efectivamente. Creo que sería muy importante para poder sacar conclusiones y analizar estas diferencias, conocer y entender las políticas, los programas, los cambios institucionales e iniciativas legales implementados, que conformaron el proceso que permitió erradicar la desnutrición infantil en Chile”, respondió Inés con seguridad. Y preguntó entusiasmada: “¿No crees que además podríamos pensar e incorporar algunas ideas en cómo transformar esta necesidad en Argentina en política de estado y su posterior evaluación?”
“¡Claro que sí”, – contesto Juan -, “¡solo a mí se me ocurre trabajar con una ingeniera!”

Gabinete metropolitano (CT-C16-ARPRPLU)

Gabinete metropolitano

Código Casoteca: CT-C16-ARPRPLU

Autores: Mauro Solano, Eugenia Cardelli, Matias Arrieta y Asociacion Civil Goberneo

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Resumen:

El Área Metropolitana de la Provincia de Buenos Aires (AMBA) supone un conglomerado complejo, de una gran densidad poblacional, donde los distintos límites político-administrativos (locales, provinciales y nacionales) se entrecruzan con la necesidad de resolución de distintos conflictos de diferentes aristas (salud, medio ambiente, trabajo, producción, seguridad, transporte, entre otros). Por esto, consideramos que se trata de un entramado con aristas particulares, donde los fenómenos sociales que atraviesan y han caracterizado históricamente al AMBA, se complejizan por la dificultad de plantear abordajes integrales, que engloben la visión de distintos actores, las estrategias y los recursos de distintos gobiernos para su resolución.
Frente a esta situación, la actual Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, decidieron impulsar de forma conjunta la creación de un Gabinete Metropolitano para el trabajar en forma coordinada las problemáticas de la región. La iniciativa, fue definida por la Gobernadora de la siguiente manera: “En esta primera reunión que hemos tenido con el Jefe de Gobierno de la Ciudad y nuestros respectivos gabinetes fue con el objetivo de armar un gabinete metropolitano. Más que crear un organismo, para no crear más estructura ni burocracia, decidimos con Horacio que la manera más efectiva era poner a nuestros ministros a trabajar en conjunto, reunirnos periódicamente con ellos para hacer el seguimiento de cada uno de los compromisos en conjunto que tomemos … Todo es más fácil que fluya y así se consolida el trabajo en equipo. Nos hemos propuesto una agenda de temas en conjunto y le vamos a dar un seguimiento personal, tanto Horacio como yo, una vez por mes, para que los avances se traduzcan en anuncios concretos que le den respuestas a los vecinos para que vivan mejor”.
Se trata entonces de un espacio de planificación, coordinación y seguimiento de iniciativas conjuntas entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la Provincia de Buenos Aires (PBA), donde se busca identificar temas y proyectos de interés mutuo, construir vínculos y confianza entre organismos de ambas jurisdicciones, y el seguimiento de la implementación de algunas iniciativas conjuntas bajo una lógica no burocrática. En este sentido, se procura vehiculizar experiencias, recursos, saberes y equipos de trabajo en pos de la resolución de problemas complejos que afectan a la población de la región. A través de la conformación de mesas de trabajo interjurisdiccionales, se busca trazar una agenda de temas comunes, y distintas alternativas para el abordaje de los problemas de forma coherente y conjunta.

Fomento al empleo registrado (CT-C15-ARNCLAB)

Fomento al empleo registrado: Reducción de cargas laborales a pequeñas empresas

Código Casoteca: CT-C15-ARNCLAB

Autor: Lucas Ronconi

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Resumen:

Es una mañana calurosa de noviembre de 2011. En las oficinas del Ministerio de Trabajo nacional, en Av. Leandro Alem al seiscientos, se vive un clima festivo. Unas semanas atrás, Cristina Fernández de Kirchner resultó reelecta Presidenta de la Nación con el 54,1% de los votos y una diferencia de más de 37 puntos porcentuales frente al candidato del Frente Amplio Progresista, Hermes Binner. Entre los cuadros políticos ya se está gestando el ‘vamos por todo’ que la Presidenta pronunciará meses más tarde. Pero hay algunos datos que no son tan alentadores. Esa mañana se procesaron los registros administrativos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) correspondientes al mes de octubre de 2011, y resulta que la cantidad de asalariados registrados del sector privado no ha aumentado mucho. “A diferencia del fuerte crecimiento observado desde la salida de la crisis de diciembre de 2001 hasta el 2008, periodo durante el cual creamos cerca de dos millones de empleos registrados en el sector privado, desde el 2009 la creación de puestos formales se desacelera, y el poco empleo creado se explica en gran medida por la expansión del sector público,” se sincera un alto funcionario, respaldado además por el último reporte de la Encuesta Permanente de Hogares que elabora el INDEC, que indica que más del 40% de los trabajadores del país son informales, ya sea porque son asalariados no registrados o porque trabajan haciendo changas u otras actividades precarias1. Afuera, en la calle, un grupo de adolescentes limpia parabrisas a cambio de una moneda.
“Este año electoral le dimos con todo a la maquinita de imprimir billetes y expandimos el gasto público lo que pudimos, sin embargo, el empleo está bastante planchado y la informalidad no baja; hay que buscar otras alternativas” razonó el mismo funcionario con pretensiones de agudeza analítica. En efecto, a partir de ese momento se creó un grupo formado por cuadros técnicos y segundas líneas de diversas áreas del Ministerio de Trabajo, con el objetivo de proponer reformas creativas dirigidas a reducir la informalidad laboral y fomentar la creación de empleo privado. Esta iniciativa terminará dos años y medio más tarde, con la sanción de la ley No. 26940 en mayo de 2014. En el presente caso se describe y analiza la reducción de cargas patronales a micro-empleadores, uno de los componentes centrales de la ley 26940. El eje del documento gira en torno a las principales disyuntivas que enfrentaron los encargados de diseñar e implementar dicha política pública.

Extensión del SAME al AMBA (CT-C14-ARPRPLU)

Extensión del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)

Código Casoteca: CT-C14-ARPRPLU

Autores: Felipe Gonzalez Bartalay, Pilar Raffanelli, Laura Guevara, Ariel Bayon y Asociacion Civil Governeo

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Inspirada en el modelo de la atención pública de París (Francia), en el año 1.883 se fundó en Buenos Aires la Asistencia Pública, la que comenzó a funcionar como un Servicio de Primeros Auxilios en el centro de la ciudad de Buenos Aires durante el transcurso del año 1.897.
Con posterioridad, luego de más de seis décadas, se creó el Centro Informativo Permanente para Emergencias y Catástrofes (CIPEC) dependiente de la Secretaría de Salud de Buenos Aires (año 1963). En sus orígenes el aludido Centro coordinó las comunicaciones para el funcionamiento de las ambulancias y la atención de las emergencias, ocupándose posteriormente (al suprimirse la Asistencia Pública) del ordenamiento en el transporte de cadáveres, la entrega de sangre y las prestaciones en competencias deportivas.
En el año 1986, las autoridades de la Secretaría de Salud Pública y Medio Ambiente de Buenos Aires crearon la figura del Coordinador Médico de Urgencia. Su designación fue mediante concurso entre los profesionales con desempeño en las guardias de urgencia de los Hospitales Generales de Agudos y entre sus principales funciones, se encontraban las de brindar asesoramiento médico a la Dirección del CIPEC y representar a la Secretaría de Salud Pública y Medio Ambiente en todos los aspectos relacionados con la urgencia.
No obstante el papel esencial que desempeñaba el referido Coordinador, en función del aumento de la demanda en la atención de urgencias y emergencias médicas, urgió la necesidad de crear una dependencia única destinada a organizar las áreas operativas y de apoyo, las que hasta ese entonces, eran desempeñadas por sectores dependientes de la Dirección General de Sistemas de Comunicaciones (CIPEC), la Dirección General de Material Rodante (ambulancias) y la Dirección General de Atención de la Salud (Coordinación Médica). En efecto, mediante el Decreto Nº 3.310 firmado por el -entonces- Intendente Municipal de Buenos Aires con fecha 16 de agosto de 1991, se transfirieron las unidades orgánicas a la Dirección General Adjunta Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), la cual fue posteriormente elevada al rango de Dirección General.
Más recientemente, el 6 de diciembre de 2005, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó la Ley N° 1.883 bajo el rótulo “Gestión de Emergencias Médicas.” No obstante haber sido totalmente vetada por el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Legislatura porteña insistió con su aprobación, convirtiendo a aquel texto legal en norma vigente.
Dicho cuerpo legal prevé que “el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mediante los subsectores de salud definidos en la Ley N° 153, brinda a todos los habitantes de la ciudad la prestación de servicios de salud en situaciones de urgencia y/o emergencia extrahospitalarias o prehospitalarias entendida como un servicio operacional y de coordinación para los problemas médicos urgentes y que comprende todos los sistemas de atención médica y transporte que se presta a enfermos o accidentados fuera del hospital y que constituye una instancia previa al tratamiento de urgencias hospitalarias.” (art. 1° Ley cit. y su modif. Ley N° 2.127). Asimismo, dicho plexo normativo le atribuye competencia para la atención de los requerimientos del servicio de emergencia extrahospitalarios del subsector estatal, a la autoridad responsable del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), quien debe gestionar la atención de los pacientes en casos de urgencia-emergencia extrahospitalaria, brindando la respuesta más apta a la naturaleza de los auxilios (art. 4, Ley cit.).
En síntesis, actualmente el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) es un servicio gratuito de atención médica de urgencias y emergencias, tanto individuales como colectivas, dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Experiencia BA internacional(CT-C13-ARPRPEX)

Experiencia BA internacional

Código Casoteca: CT-C13-ARPRPEX

Autor: María Florencia Misino

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Resumen:

La ciudad de Buenos Aires como toda gran ciudad del siglo XXI tiene una política de relaciones internacionales para posicionarse en el mundo global. La entidad encargada de lo sustantivo es la Subsecretaria de Relaciones Internacionales y Cooperación1 dependiente de la Secretaria General. Está situada organizativamente en el área de mayor confianza política del jefe de gobierno. Las funciones son tanto asistir al jefe de gobierno en toda su agenda internacional como en la elaboración de la estrategia del gobierno hacia el exterior y de modo interno coordinar las acciones que puedan necesitar otras áreas de gobierno relacionadas con el resto de los países.
En este marco la Dirección General de Relaciones Internacionales y Cooperación -en adelante DGRIC- es la encargada de ejecutar programas específicos relativos al establecimiento de lazos con otros países.
1. Diseña y coordina eventos de carácter internacional.
2. Asesora a las áreas del Poder Ejecutivo que lo requieran en materia de política internacional y propone a los funcionarios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que así lo requieran, la agenda oficial de los viajes al exterior.
3. Coordina y articula con las demás áreas de Gobierno acciones de política internacional definidas por el Jefe de Gobierno.
4. Diseña políticas tendientes al fortalecimiento de las relaciones internacionales.
5. Asiste a las autoridades y delegaciones extranjeras que visitan o residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
6. Asesora a las Áreas y organismos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre asuntos y trámites consulares.
7. Coordina la relación del Gobierno de la Ciudad con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y con las representaciones diplomáticas acreditadas en la República Argentina y con sede en la ciudad de Buenos Aires.
En este contexto la Dirección ideó un proyecto de carácter innovador inspirado en las actividades que desarrollan las universidades y organizaciones internacionales con los jóvenes talentos.
Al culminar la primera edición, el día 4 de Agosto de 2016, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cerró el evento con las siguientes palabras:
“Esperamos que se hayan llevado una buena imagen de esta Ciudad, tanto por el trabajo que realizaron en el Gobierno como por haber vivido acá un tiempo. Buenos Aires es una ciudad diversa, que abre los brazos a la gente que viene de distintos lugares. En la Ciudad hay gente que tiene orígenes en todo el mundo y les pedimos que nos ayuden a promover lo que se hace y cómo es Buenos Aires en el mundo”.
Fernando Straface, Secretario General de Gobierno y Relaciones Internacionales, agradeció a los participantes de Experiencia BA Internacional –en adelante EBAI:
“Ustedes serán embajadores de Buenos Aires en el mundo, ahora que conocen mejor la ciudad pueden invitar a las personas de sus lugares de origen a conocerla también”.
Por las palabras de los máximos responsables políticos del gobierno relacionados con el proyecto se puede observar que la misma ha resultado positiva y que el proyecto seguramente tendrá continuidad en el tiempo.

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