Diseño e instauración del S.U.B.E. (CT-C34-ARNCTRN)

Diseño e instauración del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE): El arte de adaptarse a los imponderables

Código Casoteca: CT-C34-ARNCTRN

Autores: Rodrigo de Dios y Tomas Andrés Kidd

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Resumen:

La preocupación por los vínculos entre el sistema educativo y el trabajo ha sido un tema siempre presente en la política educativa. Desde la concepción de los sistemas educativos modernos hasta nuestros días, partiendo de contextos y premisas diferentes, las políticas educativas abordaron la dimensión del trabajo. En líneas generales, la premisa es que la educación es una variable central en el desarrollo económico y productivo de un país. En los últimos años, además, esta preocupación tomó un nuevo impulso, especialmente asociado con las posibilidades que brinda un sistema educativo orientado al trabajo para mejorar la inserción laboral y disminuir el desempleo juvenil, articulando el sistema educativo formal con el mundo del trabajo (Dybowski, 2005; Euler 2013).
“La fiebre del voto llegó al congreso: el gobierno mandó el proyecto para adelantar las elecciones”, “Lanús perdió en el final y complica su pase a octavos” y “Mel, la orca asesina de Península Valdés” eran algunos de los titulares que se leían el martes 17 de marzo del 2009 en la primera plana de los principales diarios de Argentina. Ya arriba del subte, aplastado entre un hombre mayor con un traje que le quedaba grande y un adolescente semi-sonámbulo, Rodrigo de Dios, Asesor de Nación Servicios S.A (NSSA) y futuro Gerente de Gestión y Administración del Sistema Único de Boleto Electrónico (S.U.B.E.), no podía evitar pensar que los diarios tendrían que reflejar lo que él consideraba era la gran noticia del año: la aprobación del Convenio Marco del Sistema Único de Boleto Electrónico (CM). No era sólo importante para Rodrigo que había participado activamente en el diseño de sus cláusulas junto a los abogados del Banco de la Nación Argentina (BNA) y en la negociación con la Secretaria de Transporte (STN), sino también para potencialmente decenas de millones de usuarios del transporte público en el país.

Educación y trabajo: el caso alemán (CT-C33-ARNCEDU)

Educación y trabajo: reflexiones para la Argentina a partir de la experiencia alemana

Código Casoteca: CT-C33-ARNCEDU

Autor: Alejandra Cardini

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Resumen:

La preocupación por los vínculos entre el sistema educativo y el trabajo ha sido un tema siempre presente en la política educativa. Desde la concepción de los sistemas educativos modernos hasta nuestros días, partiendo de contextos y premisas diferentes, las políticas educativas abordaron la dimensión del trabajo. En líneas generales, la premisa es que la educación es una variable central en el desarrollo económico y productivo de un país. En los últimos años, además, esta preocupación tomó un nuevo impulso, especialmente asociado con las posibilidades que brinda un sistema educativo orientado al trabajo para mejorar la inserción laboral y disminuir el desempleo juvenil, articulando el sistema educativo formal con el mundo del trabajo (Dybowski, 2005; Euler 2013).
En este contexto, muchos países ven en la educación dual profesional alemana un modelo exitoso de articulación entre educación y trabajo. El énfasis en la construcción de trayectorias formativas conjuntas entre el sector educativo y el productivo, llevó al desarrollo de recorridos educativo-profesionales que se centran en el aprendizaje práctico. Se trata de trayectorias educativas que proponen complementar el aprendizaje teórico con instancias de formación en el lugar de trabajo. La particularidad del sistema dual está precisamente en cómo se vincula, una vez finalizada la secundaria, la formación superior con el mundo del trabajo. Si bien comienza con algunas propuestas formativas diferenciadas en la educación media, su fuerte está en la articulación que se propone en la educación superior.
En el marco de un acuerdo de cooperación entre la Fundación Hanns Seidel y la Universidad Austral, este trabajo describe y analiza el modelo de educación dual alemán con el objetivo de plantear algunas reflexiones para pensar la articulación entre educación y trabajo en el sistema educativo Argentino. El documento se basa en fuentes secundarias y en el análisis de 9 entrevistas con actores claves vinculados a la educación dual en Bavaria. Estas entrevistas pudieron realizarse en junio del 2016 gracias al apoyo de la Fundación Hanns Seidel.

La política de vivienda CABA 2000 – 2015 (CT-C23-ARPRIFR)

La política de vivienda CABA 2000 – 2015

Código Casoteca: CT-C23-ARPRIFR

Autores: Maximiliano Marqués y Lucio Conti

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Resumen:

Mientras amanecía en la Ciudad, Sonia intentaba agarrar señal con el celular que le había obsequiado una amiga con la que había hecho amistad apenas llegó a Buenos Aires. Necesitaba ubicar algún amigo o pariente para que se quede con su hijo en la casucha improvisada de cartón y bolsas plásticas que había armado en la esquina de Brasil y Pichincha. Tenía que hacer un trámite urgente para renovar el subsidio del gobierno de la ciudad para personas en situación de calle.
Desde su llegada a la Argentina había vivido en varios lugares: en provincia, con el padre de su hijo en Laferrere desde su nacimiento y durante los primeros meses de vida de la criatura; luego se trasladó a capital por cercanía a posibilidades de trabajo. Vivió en paradores, hogares y hoteles de zona sur de la capital por un costo económico razonable.
Sonia es sumamente trabajadora y dedicada, es hábil en costura y lo demostró estando a cargo en un taller que enmendaba ropa y calzado. También trabajó como ayudante de cocina y como personal de limpieza en bares y confiterías. Falta de trabajo nunca tuvo, siempre “algo salía”. Su problema estaba en el tiempo que le debía dedicar a su hijo. El niño nació con una encefalopatía crónica que afecta su motricidad, su capacidad visual, auditiva y social por lo que requiere cuidado constante. A veces pagaba a sus vecinas para que se queden con el niño mientras trabajaba y cuando tenía un poco más de suerte, se quedaba con alguno de sus familiares más cercanos.
Ese día tuvo suerte con Elsa, una de sus primas que momentáneamente estaba sin ocupación y vivía en una habitación que rentaba en zona sur del Conurbano, se ofrecía a quedarse con el chico. Sonia hizo un pequeño bolsito con la ropa y algunos juguetes de su hijo, se tomó el colectivo y luego el tren. Elsa los esperaba con torta frita y unos mates, entre besos, agradecimientos y disculpas por no poderse quedarse a compartir con su prima, Sonia emprendía rápidamente la vuelta a capital.
Tuvo que merodear por las sedes del gobierno de la ciudad –como lo venía haciendo desde la pérdida del subsidio- para averiguar cómo podría acceder a algún tipo de ayuda dada su situación desesperante. El subsidio que percibía del gobierno de la ciudad, estaba dirigido a personas con extrema vulnerabilidad social y al menos, si bien era una modesta suma, le permitía salir momentáneamente de la situación de calle. A pesar de la buena predisposición de empleados públicos y funcionarios en recibirla y escucharla, la respuesta era siempre la misma: no alcanza el presupuesto. La Defensoría del Poder Judicial de la Ciudad, al ver la situación que vivía esta mujer decide llevar su caso a Tribunales.
El caso de Sonia Quisbert se encuadra dentro de la categoría de litigio estratégico y se encuentra vinculada a una temática constitucional amplia: la operatividad de los denominados derechos económicos, sociales y culturales.

Archivos relacionados:

Fallo Quisbert

S0310660_es

La política presupuestaria de la Provincia de San Luis (CT-C24-ARPRTRA)

La política presupuestaria de la Provincia de San Luis

Código Casoteca: CT-C24-ARPRTRA

Autor: Pedro Wouterlood

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Resumen:

En diciembre de 2.016, usted asumió la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de San Luis, un cargo creado por ley de la legislatura provincial a instancias de la Gobernadora Faustina Lafinur, una ex compañera universitaria suya. Lafinur había sido electa en octubre de 2.015 por escasísimo margen y tomó posesión del cargo de Gobernadora en diciembre de ese año.
Los resultados provisorios de aquella reñidísima e inesperada elección, habían colocado a Lafinur, la gran sorpresa de tan memorable jornada cívica, por delante de los dos candidatos favoritos.
Lafinur era consciente de que por primera vez desde el retorno de la democracia en 1.983, el partido hasta entonces gobernante había transmitido el mando a un dirigente de otro partido. No tenía mayoría en ninguna de las Cámaras de la Legislatura Provincial. Su partido nunca había gobernado la provincia, por lo que ninguno de sus colaboradores más cercanos tenía experiencia en cargos de mando. Por eso decidió integrar su gabinete con algunos profesionales de su confianza y otros afines al partido que había perdido el gobierno, a quienes debía enviar señales de cierta cercanía para que la Legislatura no le bloqueara las leyes que necesitaba sancionar.
El primer año de gestión del nuevo gobierno estuvo marcado por varias disputas en el seno de su gabinete, por lo que la Gobernadora decidió reflotar la Jefatura de Gabinete de Ministros, una figura que había sido usada por gobiernos anteriores. En ese contexto, usted tomó posesión del cargo en diciembre de 2.016.
En mayo de 2.017, luego de remitir la cuenta de inversión para que la Legislatura la aprobara, la Gobernadora Lafinur convocó a su gabinete para comenzar a confeccionar el proyecto de ley de presupuesto para el año entrante. Fue entonces cuando la heterogeneidad del mismo se hizo sentir con más intensidad que nunca. Había una importante tensión entre dos facciones de su equipo, encabezadas, por un lado, por el Ministro de Hacienda –el Contador Javier Moreno, identificado ideológicamente con el anterior gobierno, pero que la Gobernadora respetaba por su solvencia intelectual–, y por el otro, por la Ministra de Educación –la Profesora Alicia Vals, profesional inteligente, de gran capacidad de trabajo y de confianza de la Gobernadora–.
La disputa entre las dos posturas divergentes se centraba principalmente en la forma en que debía confeccionarse el proyecto de presupuesto. La Ministra de Educación proponía contener el descontento creciente en los empleados y funcionarios públicos que reclamaban una importante mejora salarial, y a la vez, aumentar las partidas destinadas a educación en casi un 70% respecto del año en curso para destinarlo a un ambicioso plan de inclusión educativa que se centraba principalmente en becas para estudiantes primarios y secundarios. Esto implicaba flexibilizar las limitaciones que el anterior Ejecutivo provincial había impulsado a lo largo de los años a través de diversas herramientas en materia presupuestaria, principalmente el equilibrio entre gastos corrientes y de capital, en virtud del cual el gasto corriente no debía superar el 50% del presupuesto total. La posición del Ministro de Hacienda, por el contrario, representaba el ala más conservadora del gabinete, quería continuar consolidando una política presupuestaria que entendía exitosa preservando el status quo.
Transcurría junio de 2.017, usted acababa de cumplir su séptimo mes como Jefe de Gabinete, momento en que la Gobernadora le encomendó poner fin a la disputa entre las dos posturas enfrentadas, para lo cual debía decidir sobre lo siguiente:
a) Seguir la política de presupuesto equilibrado entre gastos corrientes y de capital;
b) Proponer la modificación de la Ley Permanente de Presupuesto (Anexo III) que imposibilita superar el 50% de gastos corrientes;
c) Otra alternativa que se le ocurra.
La Gobernadora Lafinur sabía que la correcta solución de este dilema en buena medida redundaría en el éxito o fracaso de su gestión, razón por la cual le encomendó que evalúe las consecuencias jurídicas y políticas que acarrearían cada una de las opciones aludidas.
Para una correcta toma de decisión, usted solicitó informes y realizó entrevistas con dirigentes actuales y de anteriores gestiones en las distintas áreas del Ejecutivo provincial, de las cuales pudo recolectar los siguientes datos e información.

Archivos relacionados:

24. Bibliografía – El sistema presupuestario público – pp. 25-32 38-40 121-126 137-147 244-262 269-278

24. Bibliografía – Guiñazú pp. 35-39 59-71 117-130

Relaciones comerciales entre Argentina y China (CT-C32-ARNCPEX)

Relaciones comerciales entre Argentina y China: el desafío de negociar con un gigante

Código Casoteca: CT-C32-ARNCPEX

Autor: Luciano Damián Bolinaga

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Resumen:

Desde 1492 en adelante América Latina y Caribe siempre estuvieron condicionados por la configuración de poder mundial y la preponderancia de una y otra potencia. Cabe pensar en el Tratado de Tordesillas de 1494 y la preponderancia en el mundo de España y Portugal; el Tratado de Utrecht de 1713 y la génesis de la Pax Británica; la doctrina Monroe de 1823 y la emergencia de Estados Unidos como potencia que rivalizaría la hegemonía con las potencias europeas; la despotencialización del concierto europeo de poder tras el Tratado de Versalles de 1919 y la Conferencia Naval de 1922; la Conferencia de Yalta en 1945 y la lógica bipolar que caracterizó la Guerra Fría hasta 1991, ante el desplome soviético.
Cada uno de esos esquemas de poder internacional condicionó, en mayor o menor medida, la orientación de las políticas exteriores, los procesos de modernización económica y hasta el desarrollo cultural de las naciones de América Latina y Caribe. Con del devenir del sistema internacional, la institucionalización de regímenes de cooperación internacionales tales a Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la profundización del proceso de descolonización, las grandes potencias tuvieron que reformular sus instrumentos para ejercer presión o influencia en la región. Así, las prácticas cooptativas tuvieron que ceder espacio a aquellas de tipo cooperativas, o por lo menos que en apariencias así se muestran. Surgió entonces para finales de los años ́80 la lógica de los “consensos”. Y el primero que conocimos fue el Consenso de Washington.
La incorporación de la República Popular China (RPCh) como miembro del directorio de grandes potencias supone uno de los acontecimientos más trascendentales del primer decenio del siglo XXI. La modernización económica iniciada a fines de los ́70 tuvo como resultado que China se convierta en la segunda economía del planeta y ya dispute el primer puesto con Estados Unidos. Más aún, la potencia asiática es actualmente el país que mayor peso posee en el comercio internacional porque ha devenido en el primer productor de manufacturas a nivel global y el país que mayor peso tiene como exportador e importador. Cabe destacar que también es el principal acreedor del Tesoro norteamericano, el mayor tenedor de reservas internacionales, el segundo receptor de Inversión Extranjera Directa (IED) desde 2010 y en tercer emisor desde 2013. Por supuesto, no debe olvidarse que Beijing cuenta con un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas desde 1971. En suma, la potencia asiática ha salido de la semiperiferia del sistema para pasar a integrar el selecto y reducido grupo de países centrales, el oligopolio de grandes poderes.
De la mano de su nuevo posicionamiento internacional, la RPCh ejerce mayor influencia en diferentes regiones de la periferia. Así, América Latina y Caribe cobran particular importancia en la estrategia china porque sus estructuras productivas y sus dotaciones de factores productivos las posicionan como proveedores netos de los insumos necesarios para mantener en el tiempo su expansión económica. Dicho de otro modo, Beijing ha desplegado en la última década una estrategia sistemática para garantizar su abastecimiento de materias primas y manufacturas derivadas de éstas; como así también el control de las rutas marítimas para su transporte. Y ahí emerge un nuevo consenso que ha sido denominado en la academia como “Consenso de los Commodities” o “Consenso de Beijing”.
En esa nueva coyuntura internacional que caracteriza el advenimiento del siglo XXI, China se ha convertido en el primer, segundo y tercer socio comercial de los países de la región y en una fundamental fuente de financiamiento internacional. Las cancillerías latinoamericanas han incorporado a China como un socio clave para sus políticas exteriores y eso supuso atravesar un nuevo proceso de toma de decisión a efectos de construir una política pública hacia lo que ya se conceptualiza a todas luces como el “socio chino”. Por supuesto, el Palacio San Martín no ha sido la excepción de la regla y la llegada de un nuevo gobierno -tras más de una década de gobiernos kirchneristas- suponía la conformación de un nuevo equipo y la toma de decisión acerca de continuar o no la orientación externa hacia China y, en caso de que así fuera, en qué medida era posible dados los condicionantes sistémicos que se verificaban.
La llegada a la presidencia argentina de Mauricio Macri -el pasado 10 de diciembre de 2015- marcó el inicio de un proceso de restructuración de la política exterior argentina, en el cual se destacan algunos factores centrales como ser: a) la recomposición de los vínculos con Estados Unidos; el pago a acreedores de deuda (holdout); b) la reorientación argentina hacia la Alianza para el Pacífico; c) la necesidad de repensar en vínculo con China; entre otros tantos. Pero, precisamente, es en este último nivel donde resulta pertinente focalizar el dilema que alberga nuestro caso pedagógico:
Modificar o no la orientación externa hacia china basada, al momento de la asunción del nuevo gobierno, en una alianza estratégica integral.
El nuevo presidente argentino, Mauricio Macri, concentró la última parte de su discurso de campaña en la necesidad de renegociar los acuerdos y contratos firmados con China durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Por eso, cobran particular importancia las cuestiones y los factores que se deben tener en cuenta para evaluar el vínculo bilateral sino-argentino y así determinar las posibles y necesarias continuidades y discontinuidades que deberían desarrollarse durante los próximos años del mandato presidencial.
El caso pedagógico toma como punto de partida una supuesta reunión entre el Presidente argentino y dos altos funcionarios. Parafraseando a Sheldon Wolin, la fantasía no prueba, tampoco refuta pero ayuda a iluminar y comprender las cosas políticas. En esa reunión, se discute la naturaleza del vínculo político y comercial con la República Popular China y también los condicionantes sistémicos que enfrenta la República Argentina. El desarrollo del caso pedagógico ha sido dividido en tres secciones. La primera, analiza la posición internacional de China y como de eso se han derivado los condicionantes sistémicos para la política exterior argentina. En esta sección también se introducen los antecedentes directos que explican la importancia actual que tiene el “socio chino” para el gobierno de Macri. La segunda sección, se dará cuenta de tres condicionantes sistémicos que condiciona la evolución del vínculo y que, al mismo tiempo, demandarán del nuevo gobierno una posición política concreta. Estos tres condicionantes son: a) el principio de “Una Sola China”; b) el déficit comercial estructural y c) la pérdida de divisas y el financiamiento para proyectos de infraestructura. Finalmente, la tercera sección, presentará y analizará los grandes fundamentos del discurso oficial que se implementó durante la campaña y que son los que terminan de dar una idea de la decisión que el nuevo gobierno debe adoptar:
¿Cuál será la orientación política y comercial que se adoptará desde el gobierno de Mauricio Macri en torno a la relación con China?

Reforma Política en CABA – El caso de la boleta única Electrónica (CT-C31-ARPRELE)

Reforma Política en CABA – El caso de la boleta única Electrónica

Código Casoteca: CT-C31-ARPRELE

Autor: Marcelo Bermolén

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Resumen:

En febrero de 2013 fui designado Director General de Reforma Política de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aunque ya desempeñaba actividades en un gabinete jurídico dentro del mismo Ministerio de Gobierno, encontré algunas limitaciones edilicias (espacio físico) y de recursos humanos para iniciar la función. Pude hacerme de una oficina propia tras la semana santa de ese año, lo que no impidió comenzar mi trabajo utilizando áreas comunes -o compartiendo espacios de otras dependencias- e ir armando un equipo idóneo y competitivo para encarar los proyectos y cambios que estimaba adecuados. Todo ello, en el marco de un presupuesto aprobado –con anterioridad a mi designación- que imponía austeridad y restricciones y en medio de un año electoral que –a priori- parecía condicionar la tarea.
Ya comenzada mi gestión, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adecuó sus normas con motivo de la ampliación del sufragio a los jóvenes de 16 a 18 años, a consecuencia de que el Estado Nacional sancionara la Ley N° 26.774 (de “voto joven”) en Noviembre de 2012. Dicha reforma se vio plasmada con la sanción de la Ley N° 4.515, con la que la Ciudad reconoció como nuevos electores locales a los mayores de 16 años, tanto fueran de la población joven argentina -nativa o por opción- como residentes extranjeros (dado que también modificó la Ley N° 334 de Registro de electores extranjeros). Fue a partir de ello, que se originó desde la Dirección a mi cargo el primer programa de capacitación especial electoral como política pública sostenida (“Mi voto, mi elección” capacitación sobre el voto joven en las escuelas secundarias de la CABA que se encuentra vigente y se realiza en conjunto con la Cámara Nacional Electoral (CNE) y la Facultad de Derecho de la UBA).
Pero la otra gran tarea, se concentró en trabajar las adecuaciones que impondría la probable sanción de dos proyectos de ley presentados por el Poder Ejecutivo -a mediados de 2012- a través del Ministerio de Gobierno, y confeccionados por la Dirección en su anterior gestión. Aquellos, intentaban incorporar por primera vez para las elecciones locales de la Ciudad, el sistema de Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) (Exp. 1867-J-12), y el de Boleta Única y Tecnologías Electrónicas (Exp. 1866-J-12), lo que suponía un avance significativo en la modernización del proceso electoral que la CABA aplicaba hasta entonces en virtual espejo al sistema nacional tradicional de boleta partidaria.
Una de las primeras preguntas que pretende generar este caso es si: ¿un conjunto de leyes importantes y decisivas constituyen en si mismas una Reforma Política o son sólo el engranaje inicial de ella?. A nivel legislativo y a nivel político podrían variar los criterios para definir si algo es en si mismo una reforma o constituye una modificación parcial dentro de un conjunto mayor.
En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, los cambios que propiciaban ambos proyectos resultaban decisivos en tanto implicaban un cambio conceptual en la forma de los comicios, tal como se venían desarrollando hasta ese momento. Por consiguiente, impactaban de lleno en las obligaciones ciudadanas y en el ejercicio de los derechos políticos, -de uno de los más esenciales- como lo es el derecho a elegir a nuestros representantes. Sin embargo, desde el punto de vista legislativo, quedaban fuera de la discusión una serie de variables significativas con proyección directa en las organizaciones políticas, como el financiamiento de los partidos y numerosas regulaciones relativas al funcionamiento del procedimiento electoral (transparencia, acciones de campaña, sanciones, etc.) que en ausencia de un Código Electoral propio (en discusión hasta el presente) se seguirían regulando en base al Código Nacional Electoral como normativa supletoria.
De ahí, que la primera reflexión a considerar, es alentar a producir un amplio y plural debate sobre el alcance y “quantum” de las modificaciones, y mostrar prudencia a la hora de hablar de “Reformas” que luego puedan aparecer como modestas o parciales frente los observadores.
En la sesión del 09 de Diciembre de 2013 se produjo la aprobación de los dos proyectos antes mencionados, los cuales fueron unificados en un solo texto y contenidos en una única Ley N° 4.894 mediante dos Anexos (uno por cada anteproyecto). La curiosa manera de votarlos en la última sesión del año -y contra reloj- dejó en evidencia que se trataba de un paquete acordado que debía votarse en su conjunto y formaba parte de negociaciones políticas más complejas. Si bien la Dirección General de Reforma Política (DGRPOL) enviaba a las reuniones de Comisiones (principalmente la de Asuntos Constitucionales) a sus representantes para evaluar el avance de las reformas e intervenir en las discusiones, también fue consultada en el período de revisión final aunque con relativa incidencia directa en su redacción definitiva.

Política de evaluación y acreditación universitaria argentina (CT-C28-ARNCEDU)

Política de evaluación y acreditación universitaria argentina

Código Casoteca: CT-C28-ARNCEDU

Autores: Angela Corengia y Silvina Miceli

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Resumen:

Corría la década del 90 en Argentina. En una fría mañana del 1ª de junio de 1995, tomando su habitual café con leche, Julio Alfaro pensó que los cambios en el mundo en su gran mayoría suelen percibirse como lejanos para los ciudadanos, pero esta vez ya sentía los vientos de las nuevas tendencias llegar a su entorno: la Universidad. Julio era Licenciado en Ciencias Políticas y Magister en Políticas Públicas. Hacía ya unos años que se desempeñaba como asesor técnico en una universidad de gestión privada, la Universidad Rioplatense, además de dictar clases sobre política educativa en otras instituciones de educación superior. Conocía el mundo de la Universidad tanto como su propio hogar, y aseguraba que nunca había conocido un sistema más parecido al federalismo como esta institución: en su seno convivían unidades con mayor o menor grado de autonomía (llamadas facultades, unidades académicas, disciplinas…) coordinadas por una autoridad central con mayor o menor grado de decisión de acuerdo a las diversas tradiciones institucionales. Julio se desempeñaba también como asesor dentro de la Comisión de Ciencia y Técnica del Consejo de Rectores de las Universidades Privadas (CRUP), poniendo en práctica su doble rol de docente-investigador y de analista de políticas públicas educativas.
Por la tarde tendría su habitual reunión en la Comisión del CRUP. Desde hacía unas semanas trabajaba en un informe que le había solicitado el Consejo sobre el proyecto de Ley de Educación Superior que se estaba tratando en el Congreso Nacional. Las universidades privadas, como parte del sistema universitario, deberían mostrar su posición en respuesta a la política de evaluación de la calidad de la educación superior que ya se había instalado en la agenda pública. En unos pocos años había pasado mucha agua bajo el puente de los sistemas de evaluación. Y actualmente estaba trabajando en su informe, recordando los hitos pasados y preguntándose cómo terminaría todo este asunto. Julio había participado de la mayoría de estos hitos, siempre desde su rol de representante del CRUP. Pero, habiendo vivido la universidad desde los 18 años, nunca podía despegarse del espíritu de estudiante que caracteriza a todo académico. Y ayer, 31 de mayo de 1995, había tenido lugar uno de los acontecimientos que más lo habían impactado en estos últimos años. Subiendo las escaleras de la Estación Congreso de la Línea A, se encontró con un mundo de universitarios que se habían concentrado frente al Congreso de la Nación para repudiar el anteproyecto de la Ley de Educación Superior que se estaba tratando en el recinto. Este abrazo estudiantil dejaba en evidencia la falta de consenso que existía para la aprobación de esta ley que ponía en crisis la autonomía universitaria y la equidad educativa. Los estudiantes, que para Julio eran los principales actores del sistema universitario, pedían ser escuchados a partir de una consulta popular vinculante sobre este proyecto en cuestión.
El abrazo estudiantil había dejado en estado de shock a Julio. Aún no podía olvidarse de esa imagen. Cuánta agua había corrido bajo el puente de la evaluación de la calidad, y cuánta agua más debía ser corriendo… lo vivido en años pasado se le vino a la cabeza, y comenzó a recordar uno tras otro todos aquellos hechos que llevaron a la necesidad de sancionar esta Ley de Educación Superior. Era temprano, aún le quedaba tiempo para recordar y para ir a la reunión en el CRUP con el pasado vivo en su momento, sólo así podría entender qué estaba pasando hoy y cómo se resolvería el cuestionamiento a la calidad de la educación superior en el futuro. Prendió la tele y puso el noticiero. Dos periodistas de dudoso conocimiento de política estaban debatiendo cual eruditos sobre la reelección de Carlos Menen el mes pasado. El 49,94% de la población argentina había elegido a la dupla Menem-Ruckauf el 14 de mayo. Y ya era claro que la administración continuaría con las mismas políticas económicas que habían implementado en la primera presidencia. Bendita década del 90, llenA de oportunidades y amenazas, ¿qué nuevas reformas estaban por venir?

Plan prioridad peatón (CT-C27-ARPRPLU)

Plan prioridad peatón

Código Casoteca: CT-C27-ARPRPLU

Autor: Demian González Chmielewski

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Resumen:

Mauricio Macri. Jefe de Gobierno (2007/2015)
“La verdad que estamos todos muy contentos y disfrutando de que este paseo peatonal, que es el más importante de la ciudad, de la Argentina, de Latinoamérica, y que es el paseo comercial más importante del país haya recuperado todo su esplendor, porque hace a la identidad de los porteños y de los argentinos, es parte de un trabajo y un cambio fundamental que hemos hecho en todo el microcentro para que sea cada vez más de la gente y menos de los autos. Porque claramente el espacio público lo tenemos que disfrutar nosotros con tranquilidad, en armonía, con respeto y con seguridad. (…) Cada vez vamos a tener un centro en el que cada vez más gente nos quiera visitar, más gente quiera vivir, disfrutar.”

María Eugenia Vidal. Vicejefa de Gobierno (2011/2015)
“Lo más importante es lo que decía Horacio. Volver a hacer del microcentro un lugar que cuando uno viene – no como pasaba antes cuando uno se quería ir cuando antes, porque era un lugar lleno de gente, que no podía caminar, que no tenía donde ir – cuando uno ve esta calle, ve que hay más espacio, que uno se siente más cuidado porque hay más Policía Metropolitana, luces nuevas. Un lugar donde dan ganas de salir a caminar, salir a almorzar si uno trabaja en la oficina, sentarse un rato en un banco, conversar con alguien. Recuperar lugares de la ciudad que habíamos perdido con el auto.”

Guillermo Dietrich. SS de Transporte (2009/2015).
“Nuestra visión, la visión del Jefe de Gobierno Mauricio Macri, es que la ciudad es para la gente y debemos cambiar el uso de sus calles de los autos para la gente.”

Juan José Méndez. Jefe de Gabinete de la SS de Transporte (2011/2015).
“Cuando empezamos con este Programa, nuestra meta era convertir 100 cuadras en peatonales. Convertimos 75 cuadras y en los próximos 10 meses tenemos programadas 25 cuadras más. Hay peatones, no hay ruido, no hay polución. Fue un cambio drástico, la gente está más feliz.”

Patricio Di Stefano. Subsecretario de Uso del Espacio Público (2011/2015).
“Me veo logrando cambios, viendo cómo le cambia la vida a la gente. Todo lo que hicimos en el microcentro, un lugar muy hostil, donde la gente quería salir corriendo antes, terminaba de trabajar y se iba lo más rápido posible. No había nadie en las calles porque nadie se quería quedar en una vereda tan angosta, que pasaba el colectivo, estaban las bolsas de basura. Ver el cambio en la calidad de vida de las personas te genera satisfacción. Mientras lo haga, me veo haciendo eso.”
“Atrás de las obras y de las mejoras del espacio público, viene el desarrollo y la inversión. En el microcentro, cada vez abren más locales de ropa y locales gastronómicos que ponen mesas en las veredas para disfrutar. Antes era imposible, para empezar no había gente en la vereda, no había lugar para poner sillas y mesas, en el lugar pasaban colectivos, había ruido.”

Andrés Foingeret. Director del Intitute for Transportation & Development Policy – Argentina (2009/2015): “Buenos Aires ganó el Premio a la Movilidad Sustentable por los cambios radicales que hizo en términos de movilidad, principalmente por el proyecto de BRT (Bus Rapid Transit) 9 de julio, la promoción del uso de las bicicletas a través de su red de ciclo vías y la peatonalización del área del microcentro”.

Los Centros integrales de la mujer en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CT-C26-ARPRVDG)

Los Centros integrales de la mujer en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Código Casoteca: CT-C26-ARPRVDG

Autor: Fabiana Machiavelli

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Resumen:

Los Centros Integrales de la Mujer (CIM) son servicios públicos destinados básicamente a la atención de víctimas de violencia de género, y deben contar con un equipo interdisciplinario destinado a brindar patrocinio jurídico gratuito y contención psicosocial a las mujeres que se acerquen espontáneamente o derivadas por otros servicios y juzgados. En la actualidad existen siete CIM: en Lugano, en Devoto, San Telmo, Balvanera y el centro porteño.
Tienen por objetivo brindar asistencia, orientación y acompañamiento a mujeres en situación de violencia doméstica y/o sexual. La asistencia es básicamente psicológica y legal. Están destinados a mujeres mayores de 18 años, que sufren o hayan sufrido violencia doméstica y/o sexual en cualquiera de sus formas.
Estos centros tienen su origen jurídico en el Decreto CABA Nº: 436 / 2010, que da origen al PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL A LA VICTIMA DE VIOLENCIA DOMESTICA y SEXUAL. El programa apunta a lograr la integralidad de la atención, partiendo de un concepto amplio de violencia y una respuesta acorde a cada situación particular, que incluya atención psicológica, asesoramiento y patrocinio jurídico, y ayuda para la reinserción social y sociolaboral. Ello implica el trabajo conjunto de un equipo interdisciplinario de psicólogas. abogadas, trabajadoras sociales, capacitadoras, articuladoras, etc.
En este marco, los Centros Integrales de la Mujer (CIM) serán los centros de referencia y deberán brindar información y asesoramiento general, atención integral a mujeres, niños y niñas víctimas de violencia mediante la articulación y coordinación de todas las actividades y recursos de la Dirección General de la Mujer dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social.
Según estipula el decreto, la función de estos centros será la de asegurar los recursos psicológicos, legales y sociales necesarios para promover el resguardo de los derechos de las víctimas de violencia. En este sentido, prevé varias acciones, entre las que cabe destacar:
Brindar tratamientos psicológicos individuales y grupales, asesoramiento y patrocinio jurídico, trabajo integral y acompañamiento para la reinserción social, económica y laboral para mujeres víctimas de violencia doméstica y sexual, a fin de dar respuesta a su problemática por medio de una mirada integral.
Brindar atención integral a mujeres jóvenes embarazadas o con hijos pequeños, a través de acciones destinadas a recobrar la autoestima, el fortalecimiento ante la adversidad y la maternidad, y a ampliar sus redes de convivencia.
Brindar contención, información y derivación, a través de una escucha telefónica especializada durante las veinticuatro (24) horas del día, a víctimas de violencia doméstica
Dar respuesta a problemáticas de violencia doméstica que, por sus características específicas, requieran de un enfoque y tratamiento especializado.
Brindar asistencia integral – psicológica, médica y jurídica – a mujeres víctimas de violación o abuso actual o de larga data.

Las retenciones a las exportaciones agropecuarias (CT-C25-ARNCECO)

Las retenciones a las exportaciones agropecuarias: análisis de una medida controvertida;

Código Casoteca: CT-C25-ARNCECO

Autor: Raquel Sastre

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Resumen:

Corría el mes de julio del 2016, el día había amanecido frío y lluvioso, otro día más gris en ese invierno que parecía prolongarse indefinidamente. El I
CT-C25-ARNCECO Rev. 03/2017
ngeniero
Agrónomo Nicolás Venancio Álvarez Calderón, estaba sentado en su despacho pensativo. Al inicio del año había sido convocado por el nuevo gobierno electo en diciembre de 2015 para el cargo de Ministro de Agroindustria. Por supuesto, cuando recibió el ofrecimiento aceptó gustoso. Se sintió muy honrado y también reconocido en
la labor comunitaria y política que desde algunos años venía desarrollando.
Oriundo de una familia con tradición agropecuaria en la provincia de Santa Fe,
Nicolás había dedicado su vida al campo. Además de sembrar en las propiedades de la familia, arrendaba tierras en la zona de Perdices, provincia de Entre Ríos, y era muy respetado por sus conocimientos técnicos y su calidez humana. Su perspectiva del sector agropecuario industrial siempre la vivió desde el sector privado y participaba de entidades gremiales patronales. Ahora, en el sector público, veía la situación desde otra
perspectiva y esto lo preocupaba.
El gobierno anterior no había tenido buenas relaciones con el sector
agropecuario, entre otras razones, por mantener las retenciones a las exportaciones de granos (trigo, maíz y soja) durante 13 años. Había vivido muy de cerca la tensión entre el sector público y el privado en el 2008, cuando el gobierno intentó cambiar el régimen de las retenciones haciéndolas móviles y aumentándolas en función del alza de los
precios internacionales.
Recordaba los cortes de ruta y los reclamos del sector que, al final, consiguió
que no se pusiera en vigor la medida propuesta por el gobierno. Durante la campaña política, previa a las elecciones presidenciales del 2015, el partido opositor PRO conformó la Fundación PensAr. Su objetivo era articular grupos de trabajo para abordar los temas cruciales de cambios que se deberían implementar. Nicolás había participado activamente del grupo dedicado a los agronegocios y el 8 de 2014 se publicó un
documento titulado Propuesta de Política Agroindustrial (ver ANEXO 1).
El 25 de agosto de 2015 el candidato del partido opositor PRO, que resultó el
presidente electo, reafirmó su promesa de campaña de eliminar las retenciones a todos
los cultivos, menos a la soja que se reduciría a razón de un 5% por año.
Ese lunes Nicolás había acabado de salir de una reunión de Gabinete con el Presidente. Se levantó de su mesa pensativo y se acercó a la ventana. Pudo ver el reflejo de su rostro que, a pesar de tener 42 años ese día parecía tener muchos más. Las presiones llegaban de todas partes. Cuando el nuevo gobierno asumió en el 2015 inmediatamente cumplió su promesa de campaña y redujo la retención de la soja del 35% al 30% (Decreto 133/2015).
Los productores de soja asociados en la Asociación de la Cadena de la Soja de Argentina (ACSOJA) querían más, pedían el otro 5% de reducción para la campaña 2016-2017. La siembra de soja de la campaña 2016-2017 se realiza en la primavera, pero los productores presionaban para saber con anticipación si verán reducidas las retenciones para decidir cuánta superficie implantarían y adquirir las semillas, uno de los insumos de alto costo y obtener rentabilidad. Nicolás se había reunido la semana anterior con ellos y hubo una tensa discusión. Desde el otro lado de la mesa, les confesó a los productores que las necesidades fiscales quitaban margen para un nuevo recorte: “seguirán en el 30%”, les dijo y agregó: “Hay situaciones delicadas y la decisión no pasa exclusivamente por mí. Somos parte de un gabinete económico y vamos a dar nuestra posición, pero entiendo que hay situaciones que han cambiado respecto de lo presupuestado como es el caso de las tarifas, y todos tenemos que acomodarnos a la realidad. Vamos a reunirnos la semana próxima con el Presidente y con el Ministro de Hacienda y Finanzas Públicas para ir avanzando en esta dirección, pero no es un tema que estemos tocando actualmente en el Gabinete”.
Nicolás debía enfrentar un dilema: mantener las retenciones, aun incumpliendo una promesa de campaña o eliminarlas. El argumento que escuchó de los funcionarios del Gabinete que se oponían a eliminarlas era que la rentabilidad del sector agrícola era muy buena en el caso de la soja, considerando que los precios internacionales en junio habían subido un 23% con referencia a los precios promedios del primer trimestre de 2016 y que se comercializaba alrededor de los US$ 400 la tonelada en el mercado de Chicago. También señalaron que, con la reducción en diciembre del año pasado del 5%, el sector recibió un plus de US$ 1.200 millones en sus ingresos y consideran que no son tiempos para otro sacrificio fiscal.
Por su parte los productores de soja, representados por el presidente y el vicepresidente de ACSOJa, le habían asegurado que por culpa de lluvias excesivas en la campaña anterior hubo mucho rechazo de granos con alto contenido de humedad y que en zonas productivas como la provincia de Santa Fe, reparar el daño climático implicará a un gasto aproximado de $45.000 millones (ver ANEXO 2).
El Presidente fue claro esa mañana. Le dejó a Nicolás la autonomía para tomar la decisión sobre las retenciones, justificarla y comunicarla al sector privado. Algunas semanas atrás Nicolás había contactado a Jan Niegrzeczny, un especialista en políticas públicas en el área de los agronegocios y le pidió que elaborara un informe con recomendaciones. Por la tarde se reuniría con el asesor para analizar su propuesta y tomar una decisión: seguirla o elaborar una propuesta alternativa. Nicolás debía prepararse ¿Por dónde comenzar?
En ese momento Nicolás recordó a su antiguo profesor en la Facultad de Agronomía, Felipe Villanueva a quién admiraba por su profesionalismo y su equidad al analizar la compleja trama de la cadena productiva agropecuaria-industrial en la Argentina. Con simpatía, afabilidad y, a veces, una fina ironía el profesor dictaba sus clases de Cadenas de Agronegocios y permitía que lo grabaran. Felizmente Nicolás había guardado las transcripciones de sus clases. Se levantó rápidamente de su sillón, pidió un café a su secretaria y comenzó a repasar las enseñanzas de su admirado profesor.

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