La última Encuesta Permanente de Hogares realizada por el INDEC demostró que el 11,9% de los argentinos se encuentra en situación de indigencia. Esto significa que poco más de 3,5 millones no cubren un conjunto de necesidades alimentarias básicas. En este contexto, la reciente polémica suscitada en el gobierno sobre el acopio de alimentos ha profundizado la tensión que genera una pregunta incómoda: ¿es concebible pasar hambre en el granero del mundo?
El pasado año, la ONU reveló que a nivel global más del 30% de los alimentos se tiran entre la cosecha y los hogares y según informes de la FAO, en nuestro país el 12,5% se pierde antes de llegar a las góndolas. Esto significa que anualmente, cada argentino desperdicia 362 kg de alimentos, un total de 16 millones de toneladas. En medio de una emergencia no es de sorprender que esta situación clame al cielo. Para ofrecer soluciones a este problema, la Clínica Jurídica en Derecho Sanitario de la Universidad Austral viene investigando posibles proyectos de impacto con un enfoque social.
En Argentina el desperdicio de alimentos está regulado, en términos generales, por dos leyes: la 25.989 y la 27.454. Mientras la primera establece un régimen especial de responsabilidad para donantes de comestibles, la segunda pone en marcha el “Plan Nacional de Reducción de Pérdida de Alimentos” y crea el Registro donde deben inscribirse todas las instituciones encargadas de recibir y entregar suministros. En conjunto, ambas leyes buscan facilitar el procedimiento de donación y garantizar la calidad y seguridad de los productos.
“Pudimos reunirnos con autoridades de la ex Secretaría de Bioeconomía de la Nación para plantear nuestra genuina preocupación y la intención de pensar una propuesta superadora. La reunión fue muy positiva. Luego de una conversación muy amable y profesional, nos llevamos varias ideas para trabajar con el equipo”, explica Federico Menéndez, profesor a cargo de la Clínica en Derecho Sanitario de la Universidad Austral.
“Después de la reunión, haber analizado distintos informes y discutirlo, nos dimos cuenta que era posible impulsar varios proyectos. Hay buenas experiencias en otros países. Por ejemplo: incentivos fiscales, políticas de doble etiquetado, simplificación del régimen, estaciones saludables, etc. Hay normas que abordan la cuestión y sería importante que más gente las conozca; también porque se trata de una cuestión ambiental”, comenta Eliana Paredes, alumna de cuarto año de Abogacía y miembro de la Clínica.
“Se nos propuso que cada uno avance con un proyecto: por ejemplo, yo investigué sobre política de etiquetado, para dar mejor trazabilidad a los alimentos que se venden. El trabajo fue genial. Hablamos con cadenas de supermercados, bancos de alimentos e instituciones del tercer sector, para mostrar nuestras propuestas y escuchar su opinión. Después expusimos al equipo el proyecto y la estrategia para ver su factibilidad. Fue muy desafiante”, comenta Victoria Ricci, integrante del equipo.
Uno de los temas clave que sugieren revisar los integrantes de la Clínica es el Registro de Instituciones de Bien Público Receptoras de Alimentos. “No es solo la desinformación sobre las instituciones registradas. El problema es mayor: no queda claro si los beneficios que concede la Ley Donal se aplican sólo a quienes entregan alimentos en esas instituciones o a todos los donantes. Pensamos que esto contribuye a que aquellos que saben de la existencia del registro no donen por miedo a futuros casos de responsabilidad”, comenta Valentín Bueri (otro de los miembros de la Clínica).
Más allá de la presentación oficial que se hará en los próximos días, es clara la necesidad de promover un cambio cultural sobre el desperdicio de alimentos. Como afirma el profesor Menendez: “Seguramente no resolvamos el hambre en Argentina, pero en la parte que nos toca, podemos contribuir con propuestas, y lo más importante, evitar que nos anestesiemos frente al sufrimiento ajeno”.
