En los últimos meses, el Gobierno ordenó la realización de una serie de auditorías con objeto de evaluar el estado de situación de la gestión pública, como por ejemplo la evaluación de la asignación de fondos públicos que se transferían al sector privado, la ocupación de edificios públicos, la cantidad de agentes públicos activos y los tipos de vínculos de empleo, con y sin permanencia.