Las críticas y los embates sobre el Poder Judicial en general y la Corte Suprema en particular han sido una constante en nuestro país en los últimos años. Esa obsesión por erosionar al que Alexander Hamilton considerara como el más débil de los tres poderes se ha exacerbado desde fines del año pasado. Prueba de ello son las críticas constantes desde el Poder Ejecutivo y los recientes proyectos de ley presentados por algunos senadores que pretenden multiplicar por 3 o 4 la cantidad de integrantes de la Corte Suprema. Ese impulso crítico vino de la mano de la indignación que expresó el gobierno de turno por la sentencia de la Corte de diciembre de 2021 en la causa “Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires c. Estado Nacional”. En esa sentencia la Corte declaró la inconstitucionalidad de ciertos artículos de la ley 26.080 que habían modificado otros de una ley anterior (la 24.937) que regulaba, entre otras cosas, la integración el Consejo de la Magistratura.